Lupaka Gold elevó el tono frente al Estado peruano. La minera canadiense anunció que activará medidas para ejecutar un laudo internacional y, si el pago no llega, intentará embargar activos estatales en el extranjero, incluso flujos ligados a obligaciones de deuda. La advertencia no aparece en el vacío: responde a un fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el CIADI, que ordenó indemnizaciones, costos e intereses por el conflicto que paralizó el proyecto aurífero Invicta, al norte de Lima.
El laudo del CIADI fijó una compensación principal de US$40.4 millones. El tribunal también ordenó el reembolso total de costos y gastos de la demandante por US$4.215,956.42. Además, el texto estableció intereses compuestos: LIBOR +4% desde el 26 de agosto de 2019 hasta el 30 de junio de 2023, y UST +5% desde el 1 de julio de 2023 hasta el pago final. Con esa fórmula, la cuenta crece cada mes y transforma un monto “cerrado” en un objetivo móvil.
La empresa sostiene que el total exigible ya ronda los US$67 millones y que seguirá aumentando por la tasa definida por el CIADI. En una actualización corporativa difundida tras vencer el plazo para pedir la anulación del laudo dentro del propio sistema CIADI, la compañía indicó que Perú no solicitó ese recurso y que, por esa razón, el Estado quedó obligado a pagar. En ese mismo comunicado, Lupaka informó que contrató una agencia investigadora para ubicar activos estatales susceptibles de embargo en jurisdicciones donde la ejecución resulte viable.
El caso conecta dos discusiones que suelen chocar en América Latina. Por un lado, la industria minera pide reglas claras, seguridad física y certeza para operar, especialmente cuando ya invirtió en obra subterránea, accesos y acuerdos locales. Por otro lado, las comunidades demandan respuestas del Estado, diálogo creíble y mecanismos que eviten que un conflicto social termine en hechos consumados. En Invicta, el expediente arbitral giró alrededor de bloqueos, ocupaciones y la capacidad real del Estado para garantizar el funcionamiento de una inversión bajo un tratado internacional.
El tribunal concluyó que Perú incumplió obligaciones del tratado de libre comercio Canadá–Perú, con énfasis en protección y seguridad plenas y trato justo y equitativo. También abordó un punto delicado: la atribución de conductas vinculadas a una comunidad rural y sus integrantes cuando actuaron “en nombre” de la comunidad. Esa interpretación, más allá del caso puntual, suele incomodar porque reabre la pregunta sobre qué debe hacer un gobierno en un conflicto social sin cruzar líneas de abuso.
Aquí conviene separar el plano jurídico del plano político. En el jurídico, el sistema CIADI ofrece una ruta de cobro que no depende de tribunales locales, aunque sí exige litigio de ejecución en países donde existan activos embargables. En el político, cada embargo potencial eleva el costo reputacional y financiero del Estado, y manda una señal a inversionistas que miran la región con lupa. El propio antecedente reciente del caso Kuntur Wasi, también bajo CIADI, muestra por qué los ministerios de finanzas no toman estas disputas como un tema menor: el gobierno peruano informó que pagó un laudo de US$91 millones para evitar más penalidades e intereses, después de una etapa de presiones judiciales en el exterior.
Ese contexto explica la estrategia de Lupaka. Cuando una empresa anticipa que el cobro se alargará, intenta convertir el laudo en una herramienta de negociación. La amenaza de embargar activos fuera del país busca precisamente eso: forzar una decisión presupuestal que, en condiciones normales, competiría con prioridades internas y costos políticos. Al mismo tiempo, la empresa necesita sostener una tesis difícil ante el mercado: que un fallo favorable no equivale a dinero en caja, pero sí puede convertirse en liquidez si se ejecuta con disciplina y paciencia.
La otra lectura recae en el clima de inversión. En encuestas de percepción como la del Fraser Institute, Perú ha oscilado en posiciones que reflejan esa tensión entre potencia geológica y fricción política. Medios especializados en el país han destacado que Perú subió posiciones en el Índice de Atractivo para la Inversión Minera, con avances en el componente de potencial bajo buenas prácticas. Ese detalle resulta clave: el país puede seducir por geología, pero el inversionista también compra estabilidad operativa, capacidad estatal y predictibilidad regulatoria.
Desde una óptica estrictamente minera, el episodio deja una lección incómoda pero útil. La operación responsable no se juega solo en el tajo o en la planta. También se juega en el terreno institucional: gestión social, cumplimiento de acuerdos, respuesta oportuna de autoridades y mecanismos de prevención de bloqueos. Cuando eso falla, la minería formal termina atrapada entre costos hundidos y parálisis, mientras la informalidad encuentra espacios para crecer sin los mismos controles. Esa asimetría castiga al operador que sí cumple.
Dicho eso, tampoco conviene romantizar el arbitraje como “solución”. El arbitraje cobra sentido cuando el Estado y el inversionista ya rompieron puentes y la disputa escaló. Llega tarde y cuesta caro. El laudo de Lupaka incluye, además de daños, un componente relevante de costos y un esquema de intereses compuestos que puede volverse explosivo con el tiempo. Ese dinero sale, directa o indirectamente, del bolsillo público. En democracias con servicios presionados, esa factura alimenta debates políticos que luego aterrizan en regulaciones más duras o en mensajes ambiguos hacia la inversión.
En el corto plazo, la pregunta no se limita a si Perú pagará. La pregunta real consiste en cuánto valdrá “no pagar” cada trimestre. Con intereses compuestos a UST +5%, el costo de postergar sube, y la minera gana incentivos para seguir la ruta de ejecución internacional. El gobierno, en cambio, enfrenta el dilema de ceder ante la presión o arriesgarse a embargos que afecten operaciones financieras, activos comerciales y, sobre todo, credibilidad.
Para México, que también discute el equilibrio entre soberanía regulatoria y atracción de capital en sectores extractivos, el caso funciona como recordatorio. Los tratados y los mecanismos de solución de controversias no viven en un anaquel. Se activan cuando fallan la política pública y la gestión del conflicto. Si el Estado no contiene la escalada social con herramientas legítimas y eficaces, la discusión termina en cortes, laudos y cuentas que se vuelven noticia internacional. En minería, la certidumbre no solo protege utilidades: protege empleo formal, cadenas de proveeduría y recaudación local, siempre que el proyecto opere con estándares y diálogo real.
