El futuro del suministro global de baterías enfrenta un nuevo punto crítico. En la República Democrática del Congo (RDC), corazón de la producción mundial de cobalto, los principales actores del sector minero han encendido las alarmas por la entrada en vigor de un nuevo régimen de cuotas de exportación. Desde el 16 de octubre, la medida ha sembrado confusión e incertidumbre legal que ya empieza a repercutir en los mercados internacionales.
La Cámara de Minas de la RDC ha solicitado una reunión urgente con el Ministerio de Minas para aclarar los términos de la normativa, que impone nuevas condiciones operativas y económicas a las empresas exportadoras. En una carta fechada el 5 de diciembre y dirigida al titular de la dependencia, la organización advierte que los procedimientos actuales están afectando la capacidad del sector para cumplir con los envíos pactados.
El contexto no es menor. Congo suministra más del 70 % del cobalto a nivel mundial, un insumo esencial para la fabricación de baterías de vehículos eléctricos, dispositivos móviles y sistemas de almacenamiento de energía. En medio de la transición energética global, cualquier alteración en este flujo tiene consecuencias directas sobre mercados clave, desde Shanghái hasta California.
El gobierno congolés estableció un tope anual de exportación de 96,600 toneladas a partir de 2026 y autorizó solo 18,125 toneladas para el último trimestre de 2025. En el reparto de estas cuotas, CMOC (China Molybdenum) y Glencore, los dos mayores productores de cobalto a nivel global, obtuvieron las asignaciones más grandes, mientras que el ente regulador ARECOMS reservó un 10 % como stock estratégico nacional.
Sin embargo, más allá de los números, el problema radica en la ambigüedad normativa. Según la carta de la Cámara de Minas, los exportadores enfrentan “serias dificultades” para aplicar las cuotas debido a la falta de claridad en los procedimientos. Las empresas han intentado, sin éxito, concertar reuniones con ARECOMS para aclarar aspectos como la legalidad del prepago de regalías y los requisitos documentales recientemente introducidos.
La situación se volvió más compleja la semana pasada cuando se reveló que, bajo una nueva circular gubernamental, los exportadores deben pagar por adelantado una regalía del 10 % en un plazo de 48 horas y obtener un certificado de conformidad antes de poder despachar sus cargamentos. Hasta ahora, ninguno de estos requisitos ha sido debidamente explicado por las autoridades, ni el Ministerio de Minas ni ARECOMS han emitido comentarios públicos al respecto.
La incertidumbre está empezando a tener un impacto tangible. Desde febrero de este año, cuando se impuso una primera prohibición temporal de exportaciones, los precios del hidróxido de cobalto han subido más del 80 %. El objetivo del nuevo régimen, además de regular el mercado interno, es estimular un repunte en los precios tras años de caídas pronunciadas. En agosto, la tonelada de cobalto rondaba los 16 mil dólares; hoy cotiza en torno a los 52,910 dólares.
Pero las reglas sin claridad jurídica pueden ser más perjudiciales que los precios bajos. “Cualquier medida percibida como una desviación del código minero, como el prepago de regalías, podría socavar la confianza de los operadores y dañar la credibilidad internacional de Congo”, señala el texto enviado por la Cámara de Minas.
La advertencia no es gratuita. La reputación del país como proveedor confiable ya se ve afectada. Desde Pekín, un reconocido analista del sector declaró que es poco probable que los primeros cargamentos bajo el nuevo régimen salgan de Congo antes de abril, debido a los lentos trámites locales y las dificultades de transporte. Recordó que la infraestructura vial del país sigue siendo deficiente, lo cual agrava los retrasos.
China, que refina entre el 70 y 75 % del cobalto mundial, depende casi completamente de Congo para alimentar su industria de baterías. Empresas como Tesla, BYD y CATL utilizan este insumo para sostener sus cadenas de producción. Si las exportaciones congoleñas continúan paralizadas, se corre el riesgo de generar cuellos de botella que podrían golpear tanto la producción como la inversión en electromovilidad.
En este contexto, el llamado de la Cámara de Minas no solo busca proteger a las empresas que operan en territorio congoleño. También intenta preservar la posición estratégica del país como líder mundial en un sector clave para el futuro energético. Legalidad, transparencia y seguridad jurídica son pilares indispensables para sostener el atractivo del país ante los inversionistas globales.
Mientras el gobierno guarda silencio, los mercados observan con atención y creciente preocupación. Lo que está en juego no es solo una cuota de exportación, sino la confiabilidad de toda una cadena de suministro en plena expansión.
