La Contraloría General de la República de Chile aprobó el acuerdo entre la estatal Codelco y la empresa privada SQM para constituir una sociedad destinada a la producción conjunta de litio en el Salar de Atacama. La resolución, emitida el viernes 20 de diciembre, establece directrices específicas y representa el paso final requerido para oficializar el proyecto, que ha sido objeto de intenso escrutinio político y mediático.
La aprobación llegó acompañada de observaciones. Una de las principales condiciones es que Codelco debe mantener una participación superior al 50% en la nueva sociedad. Esta cláusula es consistente con la política del gobierno del presidente Gabriel Boric, que busca reforzar el rol del Estado en sectores estratégicos como el del litio, considerado un recurso clave para la transición energética.
El acuerdo había recibido previamente el visto bueno de diversas instancias regulatorias tanto nacionales como internacionales. No obstante, la Contraloría decidió realizar una auditoría extraordinaria luego de recibir múltiples denuncias por parte de legisladores, quienes cuestionaron tanto el proceso de negociación directa entre las partes como la elección de SQM como socio. Entre los argumentos presentados, se señalaron antecedentes tributarios de la empresa privada y la ausencia de un mecanismo de licitación pública.
Pese a las críticas, la Contraloría explicó que su capacidad para pronunciarse sobre el fondo de muchas de estas reclamaciones se vio limitada por resoluciones judiciales previas. En consecuencia, el ente fiscalizador se centró en establecer lineamientos para garantizar la legalidad del acuerdo y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente.
Codelco emitió un comunicado en el que expresó su disposición a colaborar plenamente con la auditoría y defendió la transparencia del proceso. La minera estatal señaló que la evaluación permitirá ratificar la solidez del acuerdo y destacó el papel desempeñado por Morgan Stanley, asesor financiero responsable de estructurar la operación.
El acuerdo entre Codelco y SQM se enmarca en la estrategia nacional del litio, presentada por el Ejecutivo en abril de 2023, que promueve asociaciones público-privadas con control estatal para desarrollar nuevas capacidades de explotación y procesamiento del mineral. La meta del gobierno es aumentar la producción nacional, incorporar mayor valor agregado y avanzar hacia un modelo de desarrollo sustentable en las zonas de extracción.
En el caso del Salar de Atacama, la alianza busca combinar la experiencia operativa de SQM, actual concesionaria de parte de los yacimientos, con el respaldo institucional y político de Codelco. La estatal chilena asumirá el control mayoritario del joint venture y coordinará la relación con Corfo, entidad propietaria de los salares y responsable de arrendar los terrenos productivos. Aún queda pendiente que la Contraloría apruebe los contratos de arrendamiento entre Corfo y la filial de Codelco, proceso iniciado en septiembre.
Desde el sector político, las críticas no han cesado. Parlamentarios de oposición y algunos representantes oficialistas han manifestado preocupación por la forma en que se concretó el acuerdo. Argumentan que, dada la envergadura del proyecto y su impacto en un recurso estratégico, el proceso debió someterse a mayor escrutinio público. Además, cuestionan la idoneidad de SQM, señalando sus antecedentes legales y tributarios.
SQM evitó pronunciarse sobre la auditoría anunciada. La compañía, sin embargo, ha reiterado en ocasiones anteriores que su participación en la nueva sociedad permitirá potenciar la producción de litio en Chile y cumplir con los estándares internacionales de sostenibilidad.
En paralelo, la empresa china Tianqi Lithium, accionista relevante de SQM con un 22% de participación, ha intentado bloquear el acuerdo en tribunales. Tianqi sostiene que la operación debió haber sido sometida a la aprobación de los accionistas, dado su impacto estratégico y financiero. Hasta la fecha, las cortes chilenas han rechazado estas impugnaciones, permitiendo que el proceso avance.
El caso refleja las tensiones geopolíticas que rodean a la industria del litio. La creciente demanda internacional por este mineral, impulsada por la expansión del mercado de vehículos eléctricos y el almacenamiento de energía, ha convertido a América Latina —y especialmente a Chile— en un foco de interés para grandes actores globales. Las decisiones sobre su explotación generan impacto económico, ambiental y político a múltiples niveles.
El Salar de Atacama representa la mayor fuente de litio en Chile y una de las más importantes del mundo. La presencia prolongada de SQM en la zona ha sido objeto de diversas controversias, incluyendo disputas con comunidades indígenas, cuestionamientos ambientales por el uso intensivo de agua y críticas por la distribución de los beneficios económicos. La participación de Codelco en este nuevo esquema de gobernanza apunta a reforzar la supervisión estatal y mejorar la legitimidad del proyecto.
Para el gobierno chileno, este acuerdo es una pieza clave de su estrategia energética y minera. Pretende no solo incrementar la producción nacional de litio, sino también posicionar al país como proveedor confiable en el contexto de la transición energética global. La inclusión de actores públicos en la toma de decisiones y en la captura de rentas del sector es uno de los pilares centrales del enfoque adoptado por la administración Boric.
La implementación del acuerdo será observada con atención tanto en el plano interno como internacional. El desafío será traducir el control estatal en resultados concretos en términos de desarrollo económico, innovación tecnológica y cumplimiento ambiental. Las próximas etapas incluirán la validación de contratos, la definición de la estructura operativa de la nueva empresa y el inicio de las operaciones conjuntas.
