La Cámara Minera de México (CAMIMEX) lanzó un mensaje contundente al Poder Legislativo: la modificación propuesta al Artículo 118 de la Ley de Aguas Nacionales representa una amenaza directa a la continuidad de la minería en el país. El organismo advierte que la redacción actual, al impedir la construcción de infraestructura en zonas cercanas a cuerpos de agua, compromete la operación de la mayoría de las minas mexicanas, ubicadas precisamente en regiones montañosas donde dichos recursos hídricos son comunes.
La advertencia no es menor. De aprobarse tal como se encuentra, la reforma limitaría severamente la instalación de depósitos de residuos mineros y obras hidráulicas necesarias para el manejo de aguas residuales, elementos esenciales para una operación minera segura, regulada y ambientalmente responsable. La Cámara considera que esta prohibición generalizada carece de fundamento técnico y desconoce tanto las prácticas modernas de la industria como la propia geografía nacional.
En el fondo del debate se encuentra una tensión histórica entre regulación ambiental y desarrollo industrial. Pero para la industria minera, esta reforma representa más que un desacuerdo regulatorio: se trata de un punto de inflexión. La CAMIMEX señala que sus empresas afiliadas cumplen con los estándares más estrictos, tanto nacionales como internacionales, en el manejo de residuos y protección de cuerpos de agua. Los residuos mineros, aseguran, se confinan mediante infraestructura especializada, autorizada por las autoridades, sin que exista intención alguna de verter desechos en ríos o lagos.
Más allá del aspecto técnico, el comunicado destaca las implicaciones sociales y económicas de la reforma. Más de tres millones de familias dependen directa o indirectamente de la minería formal en México. Cerrar la puerta a nuevas instalaciones, según la Cámara, significaría condenar a muchas regiones del país a la pérdida de empleo, inversión y desarrollo productivo. El impacto sería particularmente severo en estados como Sonora, Zacatecas, Durango y Guerrero, donde la minería es un pilar económico.
La CAMIMEX advierte también sobre la pérdida de soberanía en materia de minerales estratégicos. Si la operación minera se frena, México pasaría de ser un productor con potencial global a convertirse en un país dependiente de la importación de insumos críticos para la industria electrónica, la electromovilidad y la transición energética. En un momento donde Norteamérica busca fortalecer sus cadenas de suministro frente a la competencia asiática, esta medida iría en sentido contrario a los intereses regionales.
Por ello, la Cámara urge a los legisladores a someter el texto del Artículo 118 a una revisión técnica rigurosa. Considera que una reforma con implicaciones tan amplias no puede aprobarse sin analizar su viabilidad operativa y geográfica. En lugar de prohibiciones absolutas, propone establecer un marco regulatorio que permita evaluar caso por caso, bajo supervisión permanente y con criterios ambientales sólidos.
No se trata, subraya la CAMIMEX, de pedir excepciones, sino de legislar con base en evidencia. La minería moderna en México no opera al margen de la ley; al contrario, trabaja con estricta regulación y bajo monitoreo continuo. Excluirla del acceso a zonas clave mediante una redacción ambigua o desinformada podría traducirse en efectos irreversibles para la economía y el desarrollo del país.
La Cámara finaliza su posicionamiento con un llamado al diálogo. Asegura estar dispuesta a colaborar con el Gobierno federal para construir una ley eficaz, sustentable y alineada con los objetivos ambientales y económicos de México. Reitera que la minería formal es un aliado estratégico, no un enemigo del medio ambiente. El desafío, como en tantas otras áreas del desarrollo nacional, es encontrar el equilibrio entre protección ambiental y viabilidad económica.
En un entorno global donde el acceso a minerales críticos se ha vuelto una cuestión de seguridad nacional, decisiones como la reforma al Artículo 118 deben tomarse con plena conciencia de sus consecuencias. La industria minera mexicana está lista para dialogar. Lo que está por verse es si el Congreso está dispuesto a escuchar.
