El conflicto legal entre Fortescue Metals Group y Element Zero llegó a su fin tras un año de litigio en el que estuvieron en juego acusaciones por uso indebido de propiedad intelectual relacionada con tecnologías para la producción de hierro verde. El acuerdo fue confirmado por ambas partes en el marco de un proceso judicial iniciado en Australia, donde la minera con sede en Perth sostenía que la start‑up creada por exejecutivos suyos utilizó información confidencial en el desarrollo de sus procesos tecnológicos.
La controversia se centró en una tecnología de reducción directa de mineral de hierro utilizando hidrógeno, un componente clave en las estrategias de descarbonización de la industria siderúrgica. Fortescue alegó que los fundadores de Element Zero —entre ellos Bart Kolodziejczyk, Bjorn Winther‑Jensen y Michael Masterman— emplearon conocimientos técnicos adquiridos durante su paso por la división Fortescue Future Industries (FFI) para iniciar una empresa competidora.
El litigio avanzó a través de canales judiciales con una intensidad inusual para este tipo de disputas tecnológicas. Fortescue no solo solicitó medidas cautelares sino que también obtuvo órdenes judiciales que autorizaron allanamientos en residencias particulares y oficinas asociadas con Element Zero. Durante esas acciones legales se incautaron millones de documentos, tanto digitales como físicos, que posteriormente fueron evaluados como parte de las pruebas en el proceso.
El caso adquirió notoriedad pública cuando se supo que Fortescue había contratado detectives privados para seguir a los excolaboradores e incluso a sus familiares, lo que generó cuestionamientos sobre los métodos empleados en la recolección de información. Pese a la magnitud de la ofensiva legal, el caso comenzó a desmoronarse cuando la jueza Brigitte Markovic del Tribunal Federal de Australia negó a la compañía demandante el acceso a ciertos documentos por considerar que estaban protegidos por secreto profesional o confidencialidad.
Tras esa decisión, Fortescue optó por retirar la demanda. El acuerdo entre ambas partes estipula que no se reconocerán culpabilidades ni se otorgarán compensaciones económicas. Además, se estableció que cada parte asumirá sus propios costos legales. Este desenlace, si bien representa un alivio para los directivos de Element Zero, también plantea interrogantes sobre el uso de litigios como herramienta corporativa en disputas por innovación tecnológica.
Desde el punto de vista empresarial, Fortescue no ha emitido declaraciones más allá de confirmar el cierre del caso. En contraste, desde Element Zero se señaló que este desenlace permitirá a la empresa concentrarse en el desarrollo de su tecnología de producción de hierro con bajas emisiones de carbono. La start‑up planea construir instalaciones piloto en la región minera de Pilbara, Australia, y en territorio estadounidense, como parte de su estrategia para escalar su tecnología al ámbito comercial.
Uno de los efectos colaterales más evidentes del proceso legal fue el agotamiento casi total del capital inicial de Element Zero, estimado en unos 10 millones de dólares. Este desgaste financiero podría haber sido evitado si la controversia se hubiera canalizado a través de un acuerdo de colaboración tecnológica en lugar de una confrontación legal. La situación pone en perspectiva los desafíos que enfrentan las start‑ups cuando intentan introducir innovaciones en industrias tradicionalmente conservadoras.
La disputa también expone las tensiones existentes entre grandes corporaciones mineras y excolaboradores que buscan explorar nuevos caminos tecnológicos. Mientras que Fortescue ha hecho públicas sus aspiraciones de liderar la transición hacia una minería verde mediante FFI, el caso con Element Zero revela la complejidad de armonizar esa visión con la protección de intereses corporativos.
El proceso dejó lecciones importantes para la industria minera global, especialmente en momentos en que las presiones regulatorias y sociales exigen una transformación estructural en los métodos de producción y en las cadenas de suministro de metales. La innovación en tecnologías de hidrógeno y reducción directa de hierro es una pieza clave para descarbonizar el acero, un material esencial para la transición energética y la infraestructura verde.
Desde la perspectiva latinoamericana, y en particular para México, el caso subraya la necesidad de establecer marcos jurídicos claros que fomenten la innovación sin recurrir al litigio como mecanismo predilecto para resolver disputas. En un país con potencial para el desarrollo de tecnologías limpias aplicadas a la minería, el respaldo a centros de investigación y start‑ups puede ser más efectivo que la defensa cerrada de supuestas exclusividades técnicas.
La conclusión del litigio permite ahora que Element Zero recupere su enfoque en el desarrollo de soluciones concretas. También deja abierta la posibilidad de que Fortescue reevalúe sus métodos para proteger la propiedad intelectual sin frenar el avance tecnológico. Si el objetivo común es acelerar la transición hacia una industria minera y siderúrgica más limpia, la cooperación entre actores puede ser una vía más productiva que la confrontación prolongada.
