Moscú ha dado señales de que espera que los nuevos propietarios de la minera aurífera UGC—la cuarta mayor productora de oro en Rusia—se hagan responsables de reparar un acto que, según el propio banco central del país, violó la ley.
El viceministro de Finanzas, Alexei Moiseev, reveló el miércoles que el gobierno asumía que los nuevos inversionistas en UGC deberán realizar una oferta obligatoria para adquirir la participación de los accionistas minoritarios, algo que nunca ocurrió tras la confiscación estatal de la compañía a principios de este año. El episodio ha desatado tensiones poco comunes en el aparato institucional ruso, particularmente entre el Banco Central y otras entidades del Estado.
En un contexto de crecientes apropiaciones de activos en Rusia—una ola que ha escalado tras la invasión a gran escala de Ucrania—este caso destaca no sólo por el valor estratégico de UGC, sino por lo insólito de la crítica abierta del regulador financiero del país.
A comienzos de 2025, el Estado ruso expropió la mayoría accionaria de UGC al empresario Konstantin Strukov. Las autoridades justificaron esta confiscación alegando que Strukov habría obtenido el control de la minera mediante prácticas corruptas. No obstante, el procedimiento no incluyó el cumplimiento de una obligación legal crucial: ofrecer la compra de acciones a los inversionistas minoritarios, como establece la normativa rusa.
El Banco Central ruso, en un pronunciamiento que sorprendió a muchos, dictaminó este mes que dicha omisión violó los derechos de los pequeños accionistas. Además, solicitó a la agencia estatal de bienes raíces—dependiente del Ministerio de Hacienda—que corrigiera el proceso a través de una oferta pública de adquisición.
La respuesta de Moiseev, sin embargo, ha sido elusiva. Durante una conferencia financiera en Moscú, el funcionario aseguró que la carga de resolver la situación no recaía en la agencia estatal, sino en el futuro dueño de UGC. En sus palabras, “este será uno de los temas de conversación con los nuevos inversores. Suponemos que tendrán que presentar una oferta”.
Moiseev argumentó que el fallo del banco central no consideró todos los matices del caso, especialmente el hecho de que la agencia estatal no actuó por voluntad propia, sino en cumplimiento de un mandato judicial. “El espíritu de la ley no se corresponde con esta situación”, señaló. “Por eso creo que las cosas no son tan sencillas como se presentan aquí. Pero es evidente que existen problemas”.
Este reconocimiento no es menor. Rusia ha estado sumida en un proceso de reestatización de activos clave, especialmente en los sectores energético, minero y logístico, desde el inicio del conflicto en Ucrania en 2022. El valor estimado de estas expropiaciones supera los 50 mil millones de dólares, según diversas estimaciones de prensa internacional. Pero casos como el de UGC están comenzando a revelar fricciones internas dentro del aparato burocrático.
UGC, o United Gold Company, ha operado con bajo perfil pero con enorme peso dentro de la minería rusa. Fundada como una consolidación de pequeñas y medianas operaciones auríferas en Siberia, creció aceleradamente gracias a su control sobre activos en regiones ricas en oro como Yakutia y Magadán. Bajo la gestión de Strukov, la firma alcanzó el cuarto lugar en producción nacional, pero también acumuló enemigos poderosos dentro del Kremlin.
Aunque la agencia estatal de bienes raíces declaró inicialmente que estaba trabajando con los accionistas para encontrar una solución, sus acciones hasta ahora han sido limitadas. El nuevo actor en el tablero podría ser la Unión de Empresas Metalúrgicas y Mineras de Rusia (UMMC), un grupo privado con estrechos vínculos con el aparato político y fuerte presencia en el sector del cobre. Fuentes consultadas por Reuters señalaron que UMMC es el candidato más probable para adquirir la participación confiscada.
Si se confirma esta adquisición, UMMC tendría que decidir cómo manejar la presión tanto legal como política que implica responder por las obligaciones pendientes hacia los accionistas minoritarios. El viceministro Moiseev dejó entrever que esa discusión será parte de las negociaciones de venta, las cuales, dijo, el gobierno espera cerrar antes de fin de año.
El panorama aún es turbio, y la situación de los pequeños inversionistas de UGC sigue sin resolverse. Mientras tanto, el caso se convierte en un símbolo de los dilemas legales y económicos que enfrenta Rusia en su intento de reorganizar su estructura empresarial bajo un modelo más centralizado.
