La historia detrás del colosal proyecto minero de Oyu Tolgoi en Mongolia volvió a ocupar titulares internacionales este miércoles, luego de que un juez estadounidense declarara estar listo para aprobar un acuerdo de $138.75 millones de dólares entre Rio Tinto y un grupo de accionistas que lo demandaron por presunto fraude.
Ubicada en pleno desierto del Gobi, la mina Oyu Tolgoi es una de las reservas más grandes de cobre y oro del mundo. Su desarrollo ha sido fundamental no sólo para el futuro de Mongolia, sino también para el posicionamiento estratégico de Rio Tinto en la cadena global de suministro de cobre, un mineral esencial para la transición energética.
Sin embargo, el camino hacia la explotación subterránea de este yacimiento ha estado lejos de ser sencillo. Desde retrasos técnicos hasta disputas con el gobierno mongol, pasando por crecientes presiones ambientales y sociales, el proyecto ha enfrentado múltiples obstáculos. El más reciente episodio judicial podría marcar un cierre, al menos parcial, de un capítulo particularmente espinoso.
Durante una audiencia celebrada en Nueva York, el juez federal Lewis Liman, con sede en Manhattan, indicó que está dispuesto a aprobar el acuerdo alcanzado en junio entre Rio Tinto y los inversionistas de Turquoise Hill Resources, firma entonces con sede en Montreal y cuyo único activo era su participación del 66% en Oyu Tolgoi. No obstante, Liman aún no ha firmado la resolución final, ya que espera que los abogados de los accionistas aclaren cómo se manejarán los fondos restantes después de las primeras distribuciones.
Aunque Rio Tinto no admitió responsabilidad alguna al pactar el acuerdo, los hechos que motivaron la demanda resultan significativos. Los demandantes, encabezados por fondos asesorados por Pentwater Capital Management, con sede en Chicago, acusaron a la empresa minera de ocultar intencionalmente los graves problemas financieros y de calendario que enfrentaba la expansión subterránea de Oyu Tolgoi.
Durante el periodo comprendido entre julio de 2018 y julio de 2019, los ejecutivos de Turquoise Hill —controlada mayoritariamente por Rio Tinto en ese momento— aseguraron repetidamente que el proyecto avanzaba conforme a lo previsto. No obstante, documentos internos y comunicaciones posteriores revelaron una realidad muy distinta: el desarrollo se encontraba entre dos y dos años y medio retrasado, y los costos se habían disparado hasta en $1,900 millones por encima del presupuesto inicial.
En 2019, Rio Tinto admitió públicamente los sobrecostos y estimó que la inversión total se ubicaría entre $6.5 mil millones y $7.2 mil millones, muy por encima del cálculo original de $5.3 mil millones. Esta revelación provocó una pérdida considerable en el valor de las acciones de Turquoise Hill y encendió las alarmas entre los inversionistas institucionales.
El fondo Pentwater argumentó que el monto de $138.75 millones representa entre 34% y 43% de los daños que podían demostrar en un juicio, lo que calificó como una proporción razonable si se consideran los riesgos asociados a prolongar el litigio. En un documento presentado el 10 de septiembre, los abogados señalaron que el acuerdo permite evitar más años de procesos legales inciertos, sin garantías de éxito.
En una jugada estratégica en 2022, Rio Tinto adquirió el 49% restante de Turquoise Hill por $3.3 mil millones, consolidando así el control total sobre Oyu Tolgoi. Esta integración le ha permitido a la compañía australiana-británica centralizar la operación de uno de los yacimientos clave en su portafolio de cobre, elemento esencial en tecnologías limpias como vehículos eléctricos, redes eléctricas y energías renovables.
Desde el punto de vista técnico y económico, la expansión subterránea de Oyu Tolgoi representa una apuesta ambiciosa. Se estima que una vez completada, producirá más de 500 mil toneladas de cobre al año durante más de 30 años. Esta escala coloca al proyecto como uno de los más relevantes a nivel global para garantizar el suministro del metal en el contexto de una economía descarbonizada.
Ahora bien, el episodio judicial resalta los enormes desafíos reputacionales que enfrentan las grandes mineras cuando la transparencia corporativa se pone en entredicho. A pesar de que Rio Tinto no aceptó haber cometido fraude, el simple hecho de haber alcanzado un acuerdo millonario indica que las acusaciones tenían fundamento suficiente para justificar la preocupación de los inversionistas.
En este contexto, vale la pena recordar que el caso se da en un momento en que la industria minera enfrenta una presión creciente para operar bajo estándares más estrictos de gobernanza ambiental, social y corporativa (ESG, por sus siglas en inglés). Las expectativas de los inversionistas no sólo están puestas en los rendimientos financieros, sino también en la integridad del proceso operativo y en el cumplimiento ético de las empresas.
Desde un ángulo positivo, el acuerdo podría interpretarse como una oportunidad para que Rio Tinto cierre un ciclo complicado y fortalezca su compromiso con una mayor transparencia en sus operaciones futuras. La mina Oyu Tolgoi sigue siendo uno de los proyectos más prometedores para garantizar el abastecimiento mundial de cobre. Y si bien los problemas iniciales afectaron la percepción del proyecto, su relevancia estratégica para Mongolia y para el mundo no ha cambiado.
La minería, cuando se gestiona adecuadamente, puede ser una palanca poderosa de desarrollo. En Mongolia, Oyu Tolgoi representa más del 30% del PIB nacional, y su operación ha impulsado el empleo, la infraestructura y las capacidades técnicas locales. Aunque los conflictos legales y financieros han ensombrecido su arranque, su impacto estructural en la economía del país sigue siendo innegable.
El fallo final del juez Liman podría conocerse en las próximas semanas, una vez que se resuelvan los detalles administrativos restantes. Mientras tanto, Rio Tinto continúa con la operación subterránea, que ya ha comenzado a entregar concentrados de cobre en volúmenes comerciales. La atención ahora se centra en su desempeño técnico y en su capacidad para cumplir con los nuevos compromisos de transparencia.
