El gobierno de Malí revocó más de 90 permisos de exploración minera otorgados entre 2015 y 2022, en el marco de una revisión regulatoria impulsada por el Ministerio de Minas para reforzar el cumplimiento normativo en el sector extractivo. La medida, anunciada mediante decreto ministerial firmado el 13 de octubre, afecta a licencias que incluyen potenciales yacimientos de oro, litio, hierro, uranio, tierras raras y otros minerales estratégicos.
La decisión fue tomada tras una auditoría exhaustiva que evaluó el grado de cumplimiento de los requisitos establecidos por la nueva ley minera aprobada en agosto pasado. El Ministerio argumentó que numerosos titulares no cumplieron con la presentación de la documentación legal exigida, lo que llevó a la cancelación automática de sus derechos. Entre los concesionarios afectados se encuentran filiales de empresas internacionales como Harmony Gold, IAMGOLD, Resolute Mining, Birimian Gold y Cora Gold.
Según el texto oficial del decreto, las áreas liberadas podrán ser reasignadas a nuevos operadores conforme a los criterios establecidos en el nuevo marco legal. Aunque no se ofrecieron detalles sobre si las compañías afectadas podrán apelar la decisión o participar en futuros procesos de licitación, el Ministerio dejó claro que los títulos anteriormente otorgados carecen de validez legal a partir de la firma del decreto.
Esta acción se produce en un contexto de transformación institucional para el sector minero del país. Con la entrada en vigor del nuevo código minero, el Estado maliense busca aumentar su participación en los proyectos, elevar la fiscalización de las actividades extractivas y promover una redistribución más equitativa de la riqueza generada por los recursos minerales. La legislación establece, entre otros puntos, una participación estatal obligatoria de al menos 30 % en todas las nuevas operaciones mineras, incluyendo una participación del 10 % sin costo para el Estado.
La minería representa alrededor del 9 % del producto interno bruto de Malí y cerca del 75 % de sus ingresos por exportaciones, según cifras del Banco Mundial. El oro es el principal recurso del país, que ocupa el tercer lugar en producción aurífera en África, después de Sudáfrica y Ghana. No obstante, en los últimos años también se ha registrado un creciente interés en otros minerales como el litio y el uranio, claves para la transición energética global.
La revocación masiva de permisos introduce un nuevo capítulo en la política minera de Malí, caracterizado por una mayor intervención estatal y una intención manifiesta de consolidar el control sobre los recursos. La medida, si bien puede generar inquietud entre los inversionistas internacionales por la aparente inseguridad jurídica, también puede ser vista como un intento por sanear el sistema de concesiones y eliminar títulos inactivos o irregulares que obstaculizan el aprovechamiento eficiente del potencial geológico del país.
Fuentes del sector señalan que muchas de las concesiones anuladas no habían registrado avances significativos en los trabajos de exploración, y en algunos casos, los titulares habían abandonado las áreas sin realizar inversiones sustanciales. Esta situación había provocado el estancamiento de grandes extensiones de terreno con potencial mineralógico, bloqueando la entrada de nuevos actores dispuestos a cumplir con los estándares legales y ambientales.
En contraste con decisiones similares adoptadas en otros países africanos, la de Malí parece seguir una lógica más estructural que coyuntural. La intención de liberar bloques no desarrollados y ponerlos nuevamente en el mercado mediante procesos más transparentes podría atraer nuevas inversiones, especialmente en un contexto global donde los minerales críticos como el litio y el uranio adquieren cada vez mayor valor estratégico.
Organizaciones regionales y analistas del sector han coincidido en que la implementación efectiva del nuevo marco normativo será clave para recuperar la confianza de los actores privados y garantizar la sostenibilidad del modelo extractivo maliense. Para lograrlo, el gobierno deberá asegurar procesos claros, reglas predecibles y mecanismos adecuados de resolución de disputas, especialmente en un entorno geopolítico donde la seguridad y la gobernabilidad representan retos importantes.
El momento elegido para esta revisión regulatoria no es casual. En los últimos años, Malí ha enfrentado presiones internas y externas por el uso eficiente de sus recursos naturales, en medio de un escenario político marcado por la transición militar tras el golpe de Estado de 2021 y la ruptura de alianzas tradicionales con potencias occidentales. En ese contexto, la minería sigue siendo una de las pocas fuentes estables de ingresos para el Estado, y su correcta administración se ha vuelto prioritaria.
Desde la perspectiva económica, la revocación de permisos podría tener efectos mixtos en el corto plazo. Por un lado, las empresas que pierdan concesiones podrían detener inversiones planeadas, ralentizando algunas actividades. Por otro lado, las áreas liberadas podrían atraer nuevos proyectos con mayor respaldo financiero y compromiso social, elevando los estándares del sector y aportando mayor valor a la economía nacional.
Para América Latina, donde también se discute la actualización de marcos legales mineros y se han visto procesos de revisión de concesiones en países como México, Chile y Perú, el caso de Malí ofrece una referencia clara sobre la necesidad de equilibrar soberanía nacional con estabilidad para la inversión. La minería moderna requiere reglas claras, pero también mecanismos de control que permitan al Estado intervenir cuando los compromisos no se cumplen.
En definitiva, el anuncio de la revocación masiva en Malí no es una simple medida administrativa, sino una señal política y económica que redefine el mapa minero del país. Su éxito dependerá de la capacidad institucional para gestionar de forma ordenada el proceso de reasignación, así como de la transparencia con la que se conduzca esta nueva etapa.
