En un nuevo capítulo del debate sobre la legitimidad y sostenibilidad de los grandes proyectos mineros en América Latina, la empresa canadiense First Quantum Minerals salió al paso de un informe ESG que califica de “bloqueado” el avance del proyecto cuprífero La Granja, ubicado en la región de Cajamarca, Perú. A través de un comunicado, la compañía rechazó las afirmaciones contenidas en el estudio elaborado por GEM Mining Consulting, que fue ampliamente difundido en medios especializados como Mining.com, y aseguró que el informe se basa en datos obsoletos y no refleja la realidad actual del proyecto ni su relación con las comunidades locales.
La Granja, operado por First Quantum en sociedad con Rio Tinto, representa uno de los yacimientos de cobre más importantes en el hemisferio sur. Con recursos inferidos estimados en más de 4,3 mil millones de toneladas con una ley media de 0,51 % de cobre, su desarrollo ha sido estratégico tanto para la compañía como para el Estado peruano. Según la versión oficial de la empresa, desde septiembre de 2023 el proyecto entró en una nueva fase de desarrollo que incluye campañas de perforación avanzadas, estudios técnicos y una Evaluación de Impacto Ambiental y Social (ESIA) actualmente en elaboración.
El informe ESG de GEM Mining Consulting, no obstante, sostiene que el proyecto enfrenta un estancamiento debido a la oposición de comunidades locales y una falta de “licencia social”. Las fuentes citadas por el estudio hacen referencia a entrevistas con pobladores y líderes comunales que señalarían una percepción negativa hacia el proyecto. En respuesta, First Quantum declaró que dicho informe se basa en testimonios recogidos hace casi dos décadas, cuando Rio Tinto aún tenía el control del proyecto y las condiciones de relacionamiento comunitario eran distintas.
La minera canadiense argumenta que en la actualidad mantiene presencia permanente en el distrito de Querocoto, sede del proyecto, y que más del 90 % de los trabajadores y contratistas provienen de la propia región. Asimismo, destaca que todos los procesos de monitoreo ambiental incluyen la participación de representantes de las comunidades vecinas, en un esquema de verificación conjunta diseñado para reforzar la transparencia y la confianza.
En términos regulatorios, First Quantum informó que todas las inspecciones realizadas por las autoridades peruanas hasta la fecha no han detectado irregularidades en sus operaciones ni en el cumplimiento de los compromisos ambientales y sociales asumidos. Esta afirmación busca contrarrestar la narrativa del informe ESG, el cual sugiere una débil supervisión estatal y falta de canales efectivos de participación ciudadana.
La polémica surge en un contexto en el que las evaluaciones ESG adquieren un peso creciente en la percepción pública y en la decisión de inversionistas internacionales. En ese sentido, el informe de GEM no es un documento aislado: forma parte de una tendencia global que exige a las empresas extractivas estándares más rigurosos en sostenibilidad, derechos humanos, gobernanza y relaciones comunitarias. No se trata solo de operar bajo la ley, sino de mantener una legitimidad construida con base en la confianza mutua.
Desde Cajamarca, una región históricamente marcada por conflictos socioambientales vinculados a la minería, la reactivación de un proyecto de esta envergadura no está exenta de sensibilidad. La memoria colectiva aún conserva el recuerdo de protestas, enfrentamientos y promesas incumplidas en proyectos pasados. Por ello, la empresa enfrenta el reto de demostrar, con hechos verificables y mecanismos participativos, que esta vez la historia será distinta.
La estrategia de comunicación de First Quantum en este caso revela un giro: lejos de minimizar la crítica, optó por desmentirla frontalmente, ofrecer cifras actualizadas y recalcar el compromiso con las comunidades y el medio ambiente. Sin embargo, más allá del discurso, el verdadero termómetro será el nivel de aceptación social que el proyecto logre consolidar en los próximos años.
La situación de La Granja también resuena en otros países de la región, como México, donde la presión por mejorar las métricas ESG en minería va en aumento. A diferencia de enfoques más punitivos o cerrados, First Quantum apuesta por una defensa técnica, acompañada de una narrativa que busca mostrar evolución y madurez institucional. No se trata solo de operar, sino de demostrar que la minería puede ser aliada del desarrollo local y del respeto ambiental, incluso en territorios donde la resistencia es históricamente fuerte.
En definitiva, el choque entre el informe ESG y la postura de First Quantum pone sobre la mesa un tema cada vez más central en el debate minero: ¿cómo se construye legitimidad en zonas donde el pasado pesa tanto como el presente? La respuesta no puede depender únicamente de auditorías o estudios de terceros, sino del trabajo cotidiano y tangible que logre transformar la percepción local en confianza real.
