El gobierno de Estados Unidos decidió suspender una licitación que pretendía adquirir hasta 7 500 toneladas de cobalto durante cinco años, con un valor máximo de 500 millones de dólares, una jugada que muchos analistas interpretan como un duro revés para su estrategia de asegurar suministros críticos.
La licitación, lanzada inicialmente a mediados de agosto por la Defense Logistics Agency, representaba el primer intento formal del país por volver a comprar cobalto desde 1990. El plan sufrió múltiples extensiones de plazo —pasando del vencimiento original del 29 de agosto hasta el 15 de octubre— antes de que la autoridad decidiera cancelarlo. La justificación oficial, recogida en el sitio sam.gov, alude a “cuestiones pendientes con el Pliego de Condiciones que requieren resolución antes de emitir nuevas ofertas”, prometiendo emitir una nueva convocatoria cuando esos puntos estén resueltos.
Este movimiento complica el ambicioso propósito del gobierno estadounidense de reconstruir sus reservas de minerales críticos, especialmente cuando se trata de metales estratégicos como el cobalto, esencial para baterías recargables, componentes magnéticos, sistemas militares y aleaciones para turbinas. Durante décadas, EE. UU. redujo su participación en estas cadenas de suministro y hoy enfrenta la urgencia de revertir esa dependencia.
El dominio chino en el procesamiento del cobalto es un factor central en esta urgencia estratégica. China no solo controla gran parte del refinado y manufactura del metal, sino que mantiene importantes reservas estatales. En contraste, Estados Unidos busca diversificar sus fuentes y reducir su vulnerabilidad frente a crisis geopolíticas o restricciones comerciales externas. Sin embargo, el retroceso en la licitación evidencia los desafíos técnicos, contractuales y regulatorios que esto implica.
Un elemento desencadenante de esta licitación fue el cambio en las políticas de exportación de la República Democrática del Congo (RDC), que produce aproximadamente tres cuartas partes del cobalto que se comercializa globalmente. Tras imponer previamente una prohibición total sobre envíos, la RDC optó por reemplazarla con un sistema de cuotas. Esa medida coincidió con un alza pronunciada en el precio de referencia del cobalto: los valores se duplicaron desde febrero, luego de que el metal cotizara en niveles históricamente bajos.
En la disputa por participar en el contrato estadounidense se encontraban productores como Vale (Canadá), Sumitomo Metal Mining (Japón) y la planta Nikkelverk de Glencore (Noruega). Estas compañías debían presentar precios firmes a lo largo de cinco años, con cláusulas contractuales estrictas. Incluso hubo una enmienda que excluía una marca de Vale de la licitación.
Desde mi perspectiva, esta cancelación subraya la tensión entre aspiraciones estratégicas y realidades de ejecución. No basta con definir objetivos elevados: las estructuras institucionales, la claridad jurídica y la estabilidad del mercado deben alinear fuerzas. Que EE. UU. pretenda retomar su protagonismo en minerales críticos es una noticia positiva para la industria global de la minería, pues obliga a fortalecer estándares, inversiones y competencias. Pero este traspié revela que la intención política sin respaldo técnico ni previsión contractual puede volverse un obstáculo para el desarrollo real.
En el caso de México, esta disputa internacional es una oportunidad: nuestras reservas, infraestructura y autoridades competentes pueden posicionarse como aliados confiables en la cadena del cobalto si respondemos con política, industria y transparencia. En un mundo donde cada país busca asegurar sus materias primas, la minería bien regulada se vuelve instrumento de soberanía energética.
