A inicios de septiembre, durante el Mexico Mining Forum 2025, un tema atrajo especial atención entre empresarios, funcionarios y académicos: la actualización de las normas ambientales que regulan la minería en México. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) reconoció que realiza una revisión profunda de diversas disposiciones, con el objetivo de fortalecer la protección del entorno natural sin frenar la operación responsable del sector.
Luz Mariana Pérez, directora de Minería en la Semarnat, explicó que actualmente se realiza un análisis sistemático de la Norma Oficial Mexicana 120, que establece los criterios ambientales para actividades de exploración minera. Esta norma se encuentra vigente, pero ha sido objeto de discusión debido a los recientes cambios en la legislación minera nacional. La funcionaria subrayó que esta revisión no se hace en solitario. Se trata de un proceso colaborativo donde participan representantes del gobierno, la industria privada, el sector académico y la Cámara Minera de México (Camimex).
Más allá de la NOM-120, hay otras normas que también están bajo la lupa. La Semarnat analiza las NOM 155 y 159, enfocadas en sistemas de lixiviación para metales como oro, plata y cobre. La intención es unificarlas, a fin de establecer criterios más claros, técnicos y consistentes para su aplicación. A estas se suma la NOM-147, una norma de aplicación indirecta vinculada con sitios contaminados, la cual también se somete a una actualización técnica. Según Pérez, los estándares actuales “carecen de rigor científico”, por lo que se conformó un grupo de trabajo multidisciplinario encargado de robustecer esta normativa.
El contexto legal es complejo. En mayo de 2023, la reforma a la Ley de Minería introdujo importantes cambios, entre ellos, la nacionalización de ciertas actividades como la exploración. Por ello, el abogado especialista en derecho minero, Alberto Vázquez, advierte que, en algunos casos, como la NOM-120, las modificaciones podrían no aplicar directamente a los particulares. “La exploración fue nacionalizada, por lo tanto, esa norma no tendría efecto para privados”, señaló en entrevista con BNamericas.
Sin embargo, más allá de las normas específicas, lo que está generando mayor expectativa en el sector es la inminente publicación del nuevo reglamento en materia de restauración minera, derivado de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), reformada también el año pasado. Según Luz Mariana Pérez, el documento ya está concluido y se encuentra en revisión jurídica dentro de la propia Semarnat. Aunque no dio una fecha exacta, dejó entrever que su publicación es inminente.
Este reglamento regulará aspectos críticos como las obligaciones de restauración durante la fase de explotación, así como los planes de cierre y post-cierre de las minas. La Semarnat busca tener una rectoría completa en esta materia, lo cual podría modificar de fondo la forma en que se presentan y aprueban las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA). En la actualidad, dichas manifestaciones incluyen un apartado de “Cierre y Abandono”, que contempla medidas de restauración y remediación ambiental. Este término, según Vázquez, es inapropiado y podría desaparecer con las nuevas disposiciones.
La incertidumbre no es menor. Dos fuentes del sector, que solicitaron el anonimato, afirmaron que se espera la publicación del reglamento minero general también durante septiembre. Incluso habría circulado un borrador entre algunas partes interesadas, aunque no ha sido confirmado oficialmente. Esta falta de claridad genera inquietud entre empresas con operaciones en marcha, especialmente aquellas con inversión extranjera, que podrían verse obligadas a ajustar sus MIA actuales para cumplir con los nuevos requerimientos.
El abogado Vázquez fue claro: “Modificar las condiciones de cierre puede representar un problema serio para la inversión extranjera, pues se alterarían las reglas del juego para proyectos que ya están en operación o que se desarrollaron bajo otro marco regulatorio”.
A pesar de las críticas, Luz Mariana Pérez recalcó que la intención no es generar una carga normativa inalcanzable. “No nos funciona llenarlos de instrumentos normativos si estos van a ser inalcanzables. Es importante llegar a un equilibrio”, afirmó durante su participación. También hizo un llamado a los empresarios para involucrarse activamente en este proceso, señalando que la Camimex está habilitada para recibir observaciones, inquietudes y propuestas concretas.
Un punto que la funcionaria quiso dejar muy claro es que las modificaciones normativas no aplicarán únicamente a nuevos proyectos. Las operaciones en curso también estarán sujetas a las actualizaciones, aunque se procurará una implementación gradual y con tiempos razonables para su cumplimiento. En sus palabras, “buscamos que la transición tenga un espacio adecuado para el cumplimiento de estas iniciativas”.
En materia de autorizaciones, Pérez aseguró que la Semarnat trabaja de forma conjunta con la Secretaría de Economía para resolver los trámites pendientes. La meta es reducir los tiempos de respuesta, otorgando certeza jurídica a los solicitantes. “Queremos asegurar que todos ustedes sepan en qué estatus se encuentran sus trámites, ya sea la respuesta favorable o no”, dijo.
En este entorno de cambio normativo, se hace más evidente que nunca la necesidad de un diálogo permanente entre autoridades, empresas, academia y comunidades. Regular no es castigar, pero tampoco debe convertirse en una barrera para el desarrollo de una actividad tan estratégica como la minería. En México, esta industria ha contribuido históricamente al crecimiento económico, a la creación de empleos bien remunerados y al desarrollo de comunidades enteras en zonas marginadas.
Por eso, resulta fundamental que los cambios se realicen con técnica, prudencia y visión de largo plazo. México no puede darse el lujo de frenar la inversión minera responsable por trabas administrativas o normas mal diseñadas. La protección ambiental es crucial, pero no puede desligarse de la realidad operativa del sector. Como bien dijo Pérez, el equilibrio es clave, y para lograrlo se necesita más que buenas intenciones: se requiere diálogo informado y voluntad de colaboración.
