La ratificación del Tratado de Alta Mar, oficialmente llamado Acuerdo sobre la Biodiversidad Más Allá de la Jurisdicción Nacional (BBNJ, por sus siglas en inglés), ha reconfigurado el escenario político y ambiental de la minería submarina justo antes del arranque de la cumbre climática de la ONU en Nueva York.
Tras dos décadas de negociaciones diplomáticas, Marruecos se convirtió el pasado viernes en el sexagésimo país en ratificar el acuerdo, el mínimo necesario para que entre en vigor. Con ello, el tratado será jurídicamente vinculante a partir de enero de 2026, marcando un hito en la gobernanza de las aguas internacionales.
Aunque el acuerdo no prohíbe ni menciona directamente la minería en el lecho marino, su implementación afecta de forma directa la viabilidad de los proyectos extractivos al exigir mayor cooperación entre los Estados y organismos como la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, con sede en Jamaica), encargada de regular la minería en zonas fuera de las jurisdicciones nacionales.
La reacción no se hizo esperar. Organizaciones ambientalistas celebraron la ratificación como una oportunidad histórica para preservar la biodiversidad marina. Lisa Speer, directora del Programa Internacional de Océanos del Natural Resources Defense Council, calificó el tratado como un logro generacional. Por su parte, Kirsten Schuijt, directora general de WWF International, lo consideró un “punto de inflexión” para dos tercios del océano global.
Sin embargo, en el mismo día en que Marruecos sellaba su compromiso con la protección marina, India firmaba un contrato con la ISA que le otorga derechos exclusivos por 15 años para explorar sulfuros polimetálicos en el Océano Índico. Con esta decisión, Nueva Delhi se consolida como el mayor titular de zonas de exploración en aguas profundas asignadas por la ISA.
India también ha solicitado licencias para buscar níquel, cobre y manganeso en el Océano Pacífico, en momentos en que busca fortalecer su autonomía minera ante la creciente competencia tecnológica global.
La paradoja es evidente. Mientras un bloque creciente de países ratifica un tratado para proteger el mar, otros intensifican su carrera por extraer minerales del fondo oceánico. Francia es, hasta el momento, el único miembro del G7 que ha ratificado el tratado, aunque se espera que más naciones lo hagan durante la cumbre climática.
Estados Unidos, bajo la administración Biden, firmó el acuerdo, pero aún no ha logrado su ratificación legislativa. La administración Trump —en un movimiento que podría marcar la política futura en caso de un segundo mandato— ha priorizado el otorgamiento de licencias para minería en aguas internacionales sin esperar a la autorización multilateral de la ISA.
La lógica detrás de esta estrategia es clara: asegurar minerales críticos necesarios para la transición energética y reducir la dependencia de cadenas de suministro extranjeras, especialmente de China. Un funcionario de la Casa Blanca estimó que la industria podría generar hasta 100,000 empleos y contribuir con cientos de miles de millones de dólares a la economía estadounidense en la próxima década.
Empresas privadas no han perdido tiempo. La californiana Impossible Metals solicitó derechos de exploración tanto bajo la legislación estadounidense como ante la ISA. Su principal objetivo es la Zona Clarion-Clipperton (CCZ), una franja del Pacífico con alta concentración de nódulos polimetálicos ricos en níquel, cobre, manganeso y otros minerales esenciales para baterías y vehículos eléctricos.
El interés industrial se refleja también en la inversión extranjera. En abril, The Metals Company (TMC), con sede en Canadá, solicitó su primer permiso comercial. Apenas dos meses después, cerró un acuerdo por 85.2 millones de dólares con Korea Zinc, consolidando una alianza estratégica que posiciona a Corea del Sur como una alternativa a la refinación china de metales para baterías.
Pero la competencia no se limita a grandes potencias. Japón, Noruega y las Islas Cook han avanzado con sus propios programas de minería submarina dentro de sus zonas económicas exclusivas. A pesar de las críticas, estos países sostienen que el desarrollo de la minería oceánica es necesario para hacer frente al inminente desabasto de metales esenciales.
La Agencia Internacional de Energía (IEA) proyecta que la demanda de cobre y tierras raras crecerá un 40% para 2040, mientras que la de litio, cobalto y níquel podría aumentar hasta un 90%.
Los defensores de la minería en aguas profundas argumentan que esta modalidad representa una alternativa menos invasiva que la minería terrestre, ya que evita la deforestación, los conflictos comunitarios y el desplazamiento humano. Aseguran que, con tecnología adecuada, es posible minimizar el impacto en los ecosistemas marinos.
Los detractores, por otro lado, advierten sobre los riesgos de alterar ecosistemas poco explorados que podrían ser clave para el equilibrio marino global. Señalan que el conocimiento actual sobre la biodiversidad de las profundidades oceánicas es aún limitado, y que cualquier perturbación podría tener efectos en cadena difíciles de revertir.
En el fondo, el debate revela una tensión cada vez más visible: ¿es posible proteger el planeta sin comprometer el suministro de los materiales necesarios para una economía verde?
Lo cierto es que el Tratado de Alta Mar abre un nuevo capítulo en la gestión de los recursos globales. Si bien no impone restricciones inmediatas a la minería submarina, establece un marco que obliga a los países a evaluar con mayor rigor los efectos ambientales de sus decisiones en aguas internacionales.
La cumbre climática de la ONU en Nueva York se convierte así en un escenario de confrontación de modelos: el conservacionista multilateral y el extractivista estratégico. Lo que está en juego no es sólo el acceso a los minerales, sino la legitimidad del sistema internacional para regular los bienes comunes del planeta.
El resultado de este pulso marcará la pauta sobre cómo el mundo equilibra, en los próximos años, sus ambiciones tecnológicas con sus compromisos ambientales.
