El Grupo de los Siete (G7) y la Unión Europea están analizando una medida económica que podría redefinir el equilibrio geopolítico del mercado de tierras raras: la imposición de precios mínimos para estos minerales estratégicos. De acuerdo con información obtenida por Reuters, la iniciativa surge como respuesta directa al control casi absoluto que ejerce China sobre la extracción y, sobre todo, el procesamiento de tierras raras a nivel mundial.
En una reunión celebrada recientemente en Chicago, los líderes de estas economías avanzadas evaluaron distintos mecanismos para reducir su dependencia estructural del suministro chino, entre ellos la posibilidad de establecer precios piso respaldados con subsidios estatales. Según fuentes familiarizadas con las discusiones, esta propuesta fue impulsada por Estados Unidos, país que en julio puso en marcha un esquema similar para incentivar la producción nacional. Canadá expresó apoyo a esta línea de acción, mientras que Australia, aunque no forma parte del G7, estudia aplicar la misma fórmula de manera independiente.
La preocupación de las potencias occidentales no es nueva. China no solo concentra más del 90 por ciento de la capacidad global de procesamiento de tierras raras, sino que también ha demostrado su disposición a utilizar este dominio como herramienta de presión política. Durante los episodios más tensos de la guerra comercial con Washington, Pekín impuso restricciones a las exportaciones de estos minerales y de productos derivados, como los imanes permanentes utilizados en turbinas eólicas y vehículos eléctricos. Aunque esas medidas se han flexibilizado, el mensaje quedó claro: quienes dependan del suministro chino estarán siempre sujetos a sus decisiones internas.
En este contexto, la iniciativa de establecer un precio mínimo tiene como objetivo ofrecer certidumbre a los productores en países aliados. La extracción de tierras raras es técnicamente compleja y financieramente arriesgada. Sin una base de precios sostenida, proyectos fuera de China se vuelven económicamente inviables. Es por eso que un esquema de apoyo, vinculado a una regulación coordinada entre naciones del G7 y la Unión Europea, podría representar un paso decisivo para fortalecer la cadena de suministro occidental.
Durante la reunión de Chicago también se discutieron otras medidas. Una de ellas consiste en establecer restricciones geográficas a las importaciones, limitando el origen de los minerales a naciones consideradas “confiables” por los miembros del bloque. Esta propuesta no generó consenso completo. Algunos gobiernos temen que una medida tan directa pueda desencadenar represalias diplomáticas y comerciales por parte de China. No obstante, otros ven en estas restricciones una manera legítima de defender sectores estratégicos clave para la seguridad nacional.
También estuvo sobre la mesa la posibilidad de aplicar un impuesto ambiental, o tarifa basada en carbono, a las exportaciones de tierras raras provenientes de China. Esta iniciativa buscaría penalizar a aquellos productores que utilizan energías fósiles en sus procesos, fomentando a la vez una cadena de valor más sostenible y alineada con los compromisos climáticos asumidos por Europa y Norteamérica.
El trasfondo de estas discusiones es profundamente estructural. La transformación energética y digital del siglo XXI depende en gran medida de materiales como el neodimio, el disprosio o el praseodimio. Estos elementos son esenciales en tecnologías limpias, dispositivos electrónicos de última generación, sistemas de defensa y múltiples aplicaciones industriales. Sin acceso seguro a estos materiales, los esfuerzos por descarbonizar las economías y fortalecer la resiliencia tecnológica corren el riesgo de verse truncados.
Actualmente, la mayoría de los países del G7 carecen de capacidades industriales integradas para manejar todo el ciclo de valor de las tierras raras, desde su extracción hasta la manufactura avanzada. Japón representa una excepción parcial, dado su desarrollo industrial en tecnologías relacionadas. Sin embargo, incluso este país sigue dependiendo en buena medida del procesamiento chino.
La posibilidad de establecer precios piso no es una solución inmediata ni sencilla. Requiere coordinación política, una base financiera sólida y el compromiso de actores industriales. Pero constituye una señal clara de que Occidente no está dispuesto a seguir cediendo espacio en un terreno clave para su desarrollo estratégico. El ejemplo de Estados Unidos y sus recientes subsidios puede servir de modelo, aunque los desafíos logísticos y regulatorios varían en cada país.
Desde el punto de vista económico, el establecimiento de precios mínimos puede generar incentivos para reactivar minas inactivas, atraer capital a nuevos proyectos y fomentar la innovación en procesos de refinación más limpios y eficientes. También podría incentivar alianzas con países que cuentan con reservas importantes, como Brasil, Vietnam o algunos miembros del continente africano, permitiendo diversificar el mapa global de suministro.
Las implicaciones geopolíticas son evidentes. Un Occidente menos dependiente del suministro chino fortalecería su posición frente a futuras crisis comerciales, conflictos diplomáticos o interrupciones logísticas. Además, enviaría un mensaje al mercado de que los minerales críticos son considerados recursos estratégicos, y no simples commodities sujetos a la volatilidad del mercado.
En términos ambientales, cualquier esquema de precios mínimos debería ir acompañado de estándares internacionales que promuevan una minería más responsable. La transición energética no puede construirse sobre prácticas extractivas contaminantes. Y aquí, tanto la regulación como la tecnología juegan un papel clave. El desafío es doble: garantizar seguridad de suministro y hacerlo con criterios ambientales y sociales robustos.
El sector minero, por su parte, se encuentra ante una oportunidad histórica. Si se logra articular una estrategia global que combine apoyo financiero, normativas claras y un mercado incentivado, la minería de tierras raras fuera de China podría consolidarse como un pilar de la seguridad energética y tecnológica del siglo XXI. Las condiciones están dadas: la demanda está en auge, la conciencia geopolítica ha cambiado y los gobiernos están dispuestos a intervenir.
Es prematuro saber si el G7 logrará alcanzar un acuerdo integral en este frente. Pero el solo hecho de que los precios mínimos y los subsidios estén sobre la mesa indica que algo ha cambiado. Occidente parece decidido a retomar el control de su futuro industrial, y las tierras raras son un punto de partida inevitable.
