Los mineros informales del Cusco detuvieron las conversaciones con el Gobierno debido a que este se negó a aplazar la fecha límite del 17 de agosto para trasladar explosivos a depósitos formales, conocidos como “polvorines”. Sin espacios disponibles para almacenar estos explosivos, alrededor de 20,000 mineros no podrían cumplir y quedarían excluidos del programa estatal de formalización .
Estos trabajadores suspendieron una protesta de dos semanas el 15 de julio, tras bloquear una ruta clave de transporte de cobre utilizada por empresas como MMG, Glencore y Hudbay . Ahora, sin avances en las negociaciones, evalúan reanudar las movilizaciones para exigir condiciones de trabajo y asegurar su derecho a laborar.
Desde hace más de una década, operan con permisos temporales bajo el registro REINFO, un esquema que el Gobierno busca terminar a fin de año. De más de 50,000 mineros informales que operaban bajo ese régimen, ya se excluyó a más de 51,000, dejando solo a unos 31,500 mineros con posibilidades de formalizar sus actividades.
El pedido de formalización incluye requisitos que los mineros consideran excesivos y que probablemente los dejarían sin empleo, especialmente aquellos sin acceso a infraestructura adecuada para cumplir las normas . El líder de CONFEMIN, Máximo Franco Bequer, expresó frustración ante la imposibilidad de adaptarse a la exigencia de los depósitos sin que existan suficientes polvorines accesibles para todos los pequeños mineros.
Esta crisis se suma a la presión que gobiernos y empresas han enfrentado en los últimos meses. Minas como Las Bambas y Constancia ya alertaron sobre riesgos a la producción si las protestas persisten, debido al bloqueo del corredor que conecta los yacimientos con los puertos. A la vez, el Ejecutivo peruano analiza impulsar más de 134 nuevos proyectos mineros por $6,000 millones, y apuesta a que el sector formal de pequeña minería alcance $5,000 millones en ventas al cierre del año.
En resumen, si el Gobierno mantiene el plazo sin contemplar recursos o soluciones prácticas para almacenar explosivos, miles de mineros perderán la oportunidad de formalizarse y podrían retomar protestas que ya exigieron atención nacional.
