Un tribunal federal de apelaciones en Estados Unidos ordenó este lunes la suspensión temporal de una transferencia de tierras federales al consorcio minero encabezado por Rio Tinto y BHP. Dicha cesión es crucial para el desarrollo del proyecto de cobre Resolution Copper, ubicado en el estado de Arizona. La medida judicial representa un revés para una de las iniciativas mineras más estratégicas del país.
La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco, concedió una medida cautelar solicitada por la tribu San Carlos Apache, que ha impugnado el traspaso alegando que el terreno en cuestión —conocido como Oak Flat— es un sitio sagrado con valor ceremonial y cultural para su comunidad. La decisión judicial se dictó un día antes de que la transferencia estuviera programada para concretarse.
El proyecto Resolution Copper, promovido por Rio Tinto y BHP, busca desarrollar una de las mayores minas de cobre en América del Norte. Se estima que su capacidad podría cubrir hasta el 25 % del consumo de cobre de Estados Unidos, una cifra de alto impacto en el contexto de la transición energética y la creciente demanda de minerales críticos.
No obstante, el desarrollo ha estado envuelto en una prolongada disputa legal y política desde que, en 2014, el Congreso estadounidense aprobara la futura cesión del terreno como parte de la Ley de Autorización de Defensa Nacional. Aunque la transferencia estaba sujeta a requisitos de evaluación ambiental y consulta con pueblos indígenas, la oposición de grupos nativoamericanos y ambientalistas ha sido constante.
En 2021, durante el inicio de la administración Biden, el Departamento de Agricultura suspendió temporalmente el proceso para revisar el estudio de impacto ambiental y establecer nuevas mesas de diálogo con las comunidades afectadas. Sin embargo, con el avance del expediente y el reinicio del proceso de cesión en 2023, los recursos legales por parte de la tribu apache volvieron a intensificarse.
La decisión emitida este lunes por el tribunal no constituye una resolución definitiva sobre el fondo del caso, pero sí impide, de manera temporal, que el gobierno federal ejecute el traspaso mientras el litigio continúa. La Corte justificó la medida al considerar que el daño que podría generarse con la transferencia sería difícilmente reversible, dada la importancia cultural del sitio para los demandantes.
El área de Oak Flat ha sido utilizada por generaciones de apache como lugar de oración, recolección ceremonial y rituales tradicionales. Líderes tribales han equiparado la entrega del terreno a una profanación, e incluso han solicitado audiencias ante organismos internacionales de derechos humanos para denunciar lo que consideran una violación a sus libertades religiosas.
Por su parte, las empresas mineras involucradas han sostenido que el proyecto incluirá prácticas de minería subterránea con tecnología avanzada, diseñadas para minimizar los impactos superficiales. Asimismo, aseguran haber cumplido con los procesos de consulta requeridos por la ley federal y afirman mantener su disposición al diálogo.
En un comunicado emitido anteriormente, Resolution Copper subrayó que la operación representaría miles de empleos para la región, aportaría ingresos fiscales al estado de Arizona y reforzaría la seguridad de suministro de un metal fundamental para la economía del siglo XXI. También destacaron su compromiso con altos estándares de sostenibilidad ambiental y responsabilidad social.
El cobre es esencial para la fabricación de vehículos eléctricos, redes eléctricas, sistemas de energía renovable y otras tecnologías vinculadas a la transición energética. A medida que Estados Unidos busca reducir su dependencia de proveedores externos, el desarrollo de proyectos mineros domésticos como Resolution Copper adquiere una dimensión estratégica.
La actual paralización agrega una nueva capa de incertidumbre al futuro del proyecto. Expertos del sector consideran que una sentencia definitiva podría tardar meses o incluso años, dependiendo del curso legal que adopten las partes. Mientras tanto, el retraso implica un congelamiento de inversiones y un impacto directo en la planificación de suministro de cobre para el mercado estadounidense.
La tensión entre desarrollo minero e integridad cultural se ha intensificado en diversas regiones de América del Norte. Este caso, en particular, pone en evidencia la complejidad de equilibrar intereses legítimos: por un lado, el derecho de los pueblos originarios a preservar sus sitios sagrados; por otro, la necesidad del país de garantizar insumos clave para su infraestructura energética.
Las decisiones judiciales que rodean este conflicto podrían sentar precedentes sobre la manera en que el gobierno federal aborda proyectos extractivos en tierras con significancia espiritual o ancestral. De momento, la resolución de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito mantiene en vilo a uno de los emprendimientos más relevantes de la minería moderna en Estados Unidos.
