El gobierno de Ecuador anunció en junio una nueva tasa de inspección minera de US$ 11.50 por hectárea para financiar a ARCOM con US$ 229 millones anuales, destinados a frenar la minería informal e ilegal relacionada con el narcotráfico. En respuesta, la Cámara de Minería presentó un recurso de amparo ante la Corte Constitucional para bloquear la aplicación de esta medida .
La industria argumenta que esta tasa, al funcionar prácticamente como un impuesto, amenaza proyectos de exploración, especialmente de empresas junior, que tendrían que pagar tarifas superiores a su valor de mercado. María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara, advierte que Ecuador perdería atractivo para inversiones en la región.
Desde la perspectiva del Estado, la ministra Inés Manzano anticipa con positividad la audiencia judicial, esperando exponer los beneficios de financiar el combate a la minería informal. Ese tipo de minería ilícita ha cobrado relevancia y está vinculada con bandas criminales; en mayo una masacre dejó 11 soldados muertos en un operativo contra un campamento ilegal en la Amazonía .
Riesgos y oportunidades de la medida
La resolución del litigio podría dilatarse hasta dos años; sin embargo, la Cámara espera obtener freno urgente a la recaudación en pocas semanas . Si la Corte determina que la tasa no viola derechos constitucionales, la carga para las minerías exploratorias será inmediata. Por otro lado, una suspensión permitiría evaluar niveles más competitivos, como los $5/ha que pagan países vecinos.
Pese a los temores del sector, el país también busca reactivar su minería legal. En junio reabrió su Registro Nacional de Concesiones tras siete años, con fases que comenzaron con minería no metálica y avanzarán hasta la metálica en 2026. Esta reapertura, unida a mayores controles, refuerza la idea de que el gobierno quiere equilibrar inversión con regulación efectiva.
Perspectiva del sector
Aunque el aporte fiscal de la minería alcanzó más de US$ 1 000 millones en 2024, representando el 5 % de los ingresos públicos , el sector explora alternativas: propone una tarifa escalonada según etapa y un mayor diálogo institucional . Empresas como Salazar Resources proyectan una carga de US$ 332 000 en concesiones ya existentes, diez veces más que pagaban antes. En contraste, el gobierno defiende que fondos así permitirán cerrar brechas en control, reducir la minería ilegal y atraer proyectos sostenibles en oro y cobre, como Cascabel .
Un debate entre sostenibilidad, inversión y seguridad
El choque gira en torno a si la tasa impulsa un marco responsable y seguro o si asfixia a las pequeñas exploradoras y reduce el flujo de capital. El resultado de este enfrentamiento judicial marcará la dirección del sector minero en Ecuador en los próximos años.
