Ecuador ha activado nuevamente su registro de concesiones mineras por primera vez desde enero de 2018. Ahora, con un enfoque renovado, busca atraer inversión responsable, agilizar licencias y controlar un problema persistente: la minería ilegal en todo el territorio.
El cierre del registro se debió a denuncias sobre irregularidades en la adjudicación de concesiones. Durante este tiempo, no se otorgó ninguna licencia nueva. Ahora, los ministerios de Ambiente, Energía y Minas cuentan con nueva autoridad para identificar actividades mineras ilegales y, si hace falta, recurrir a la policía y las fuerzas armadas para intervenir.
El anuncio llegó de la mano de la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano. Según explicó, el registro se reabrirá de forma escalonada a partir del tercer trimestre del año:
- Primero, se abrirá para la minería no metálica de pequeña escala, como la extracción de piedra caliza y arcilla para cemento y cerámica.
- Luego, en septiembre, será el turno de la minería metálica de pequeña escala.
- Finalmente, a comienzos de 2026 se habilitará el registro para el resto de proyectos mineros, incluyendo operaciones de mayor tamaño y complejidad.
Para asegurar que los concesionarios sean responsables y cumplan con estándares técnicos, Ecuador exigirá a los solicitantes al menos dos años de experiencia minera, ya sea nacional o internacional. Además, la estatal Empresa Nacional de Minería (Enami) tendrá prioridad para aplicar a las nuevas concesiones.
Reacción y estrategia del gobierno
Grupos locales y organizaciones indígenas, como la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), que representa alrededor de 10 000 comunidades, han expresado su preocupación. A pesar de ello, Manzano defendió la decisión con firmeza: “Lo que estamos haciendo es lo mejor para el país. Es riqueza que se está robando ilegalmente”.
La estrategia oficial combina dos ejes concretos: por un lado, atender el déficit inversionista que ha frenado el crecimiento minero de Ecuador; por otro, salvaguardar el ambiente y las condiciones de vida de las poblaciones afectadas. Mientras países vecinos como Chile y Perú multiplican sus exportaciones, Ecuador ha quedado rezagado.
Contexto actual del sector
A pesar del potencial de su riqueza mineral —principalmente cobre, oro y plata—, el desarrollo de Ecuador se ha estancado por recortes legales, oposición social y denuncias de corrupción. Sin embargo, en 2024 las exportaciones mineras nacionales superaron los US $3 000 millones, un indicador alentador.
La minería ilegal, sin embargo, sigue siendo una amenaza. Hoy se concentra en 19 de las 24 provincias, destacando Esmeraldas, Imbabura y Azuay, además de zonas protegidas. Organizaciones internacionales como el Departamento de Estado de EE.UU. han alertado sobre la implicación del crimen organizado en este negocio.
Impactos de la minería ilegal y medidas de control
Un informe de Mongabay reveló que 652 concesiones se otorgaron sin los procesos adecuados, señalando una falta de control institucional . Además, se detectó la proliferación de plantas de procesamiento de oro no autorizadas y un aumento de episodios violentos motivados por disputas territoriales entre grupos criminales. Según Sofía Jarrín, de Amazon Watch, “las organizaciones criminales están reinyectando ganancias del narcotráfico en este lucrativo comercio ilegal, impulsando una lucha violenta por el control territorial” .
Frente a este escenario, el gobierno de Daniel Noboa evalúa nuevas tasas mineras que podrían generar US $229 millones anuales, aunque la Cámara Minera ya alertó por posibles efectos adversos en la competitividad del sector.
Proyectos con impacto en el horizonte
Se espera el arranque de al menos seis proyectos de mediana y gran escala en los próximos cuatro años:
- Proyecto aurífero Cangrejos (CMOC).
- Fase 1 del yacimiento de cobre‑oro Cascabel, a cargo de SolGold (LON: SOLG).
- Proyecto Warintza, con cobre y molibdeno, de Solaris (TSX: SLS / NYSE: SLSR).
- Curipamba‑El Domo, cobre‑oro, de SilverCorp (TSX: SVM) y Salazar (TSX‑V: SRL).
- Expansión de la mina de cobre Mirador Norte, operada por EcuaCorriente, con financiamiento chino.
Estos proyectos representan una oportunidad de largo plazo para el país, generando empleo directo, desarrollo de infraestructura y regalías para comunidades. Al mismo tiempo, la combinación de medidas regulatorias —como la experiencia previa mínima requerida— busca evitar tropiezos de transparencia y responsabilidad.
Beneficios realistas de un marco reactivado
- Ingreso de capital extranjero: con reglas claras y un registro activo, se facilita el flujo de inversión profesional.
- Vigilancia ambiental fortalecida: la apertura gradual permite monitorear efectos, imponer sanciones y proteger áreas sensibles.
- Desarrollo local: las comunidades pueden beneficiarse de empleos formales, proyectos sociales y mejoras en infraestructura.
- Reducción de minería ilegal: al conectar la regularización con la aplicación de la ley, se frena el crecimiento de actividades ilícitas.
- Competitividad regional: si Ecuador aprovecha sus ventajas geológicas y reguladoras, puede situarse al nivel de Perú y Chile.
No obstante, lograr estos beneficios exige transparencia, participación comunitaria activa y control efectivo.
Desafíos y claves para el éxito
- Diálogo real con pueblos indígenas: abrir espacios para decidir, fiscalizar y compartir beneficios.
- Agilidad burocrática y claridad técnica: evitar demoras y ambigüedades que desmotiven inversiones.
- Fiscalización en tiempo real: aprovechar tecnología satelital y geolocalización para vigilar concesiones.
- Distribución de utilidades: garantizar que los ingresos y regalías se traduzcan en desarrollo local tangible.
- Coordinación interinstitucional: entre ambiente, energía, justicia y fuerzas de seguridad, para enfrentar la ilegalidad de forma conjunta.
La reapertura del registro minero en Ecuador representa un cambio de paradigma. El plan del gobierno apunta a atraer inversión responsable, obviamente sin ignorar los riesgos del pasado. Al fortalecer controles, exigir experiencia minera y colocar a Enami en una posición prioritaria, Ecuador da pasos concretos hacia un sector minero moderno y transparente.
Si la estrategia se acompaña de vigilancia rigurosa, voluntad política y beneficios reales para los actores locales, el país podría transitar hacia un modelo donde la minería genere riqueza nacional —y no deterioro ambiental o social. El reto ahora es la implementación, la lucha contra la minería ilegal y asegurar que la nueva etapa cumpla con promesas y expectativas.
