Estados Unidos. Doug Burgum, Secretario del Interior del gobierno de EE.UU., ordenó revisar las tierras públicas protegidas contra la minería y la extracción de combustibles fósiles. El estado de Arizona podría verse impactado.
Estados Unidos cuenta con varias áreas restringidas a actividades mineras y energéticas. La nueva orden busca evaluar si estos territorios deben permanecer bajo protección federal o abrirse a la industria.
Arizona alberga 19 monumentos nacionales. Seis fueron creados después del año 2000. Entre ellos destaca el Baaj Nwaavjo I’tah Kukveni–Ancestral Footprints of the Grand Canyon National Monument.
Este monumento, establecido en 2023 por Joe Biden, protege casi un millón de acres contra la minería de uranio. La zona es rica en este recurso estratégico.
El gobierno de Donald Trump ya había revisado cuatro monumentos en Arizona en 2017, pero no modificó su estatus. Ahora, Burgum podría reconsiderar esos casos.
Grupos ambientales y tribus Se oponen a la revisión
Defensores del medio ambiente rechazaron la medida de inmediato. Jennifer Rokala, del Center for Western Priorities, afirmó que la gente quiere estos monumentos protegidos de forma permanente.
Taylor McKinnon, del Center for Biological Diversity, calificó la orden como una amenaza. Dijo que podría sacrificar cientos de áreas naturales para beneficiar a corporaciones mineras y petroleras.
Las comunidades indígenas también se pronunciaron. Varias tribus apoyaron la creación del Baaj Nwaavjo I’tah Kukveni para preservar tierras sagradas y ecosistemas únicos.
El gobierno federal considera la opinión de las tribus en la administración de estos territorios. Sin embargo, la revisión actual genera incertidumbre sobre su nivel de influencia.
Impacto económico y ambiental de la revisión
La posible apertura de estas tierras beneficiaría a la industria minera y energética. Empresas de extracción podrían generar empleos y fortalecer la economía local.
Por otro lado, los efectos ambientales podrían ser devastadores. La minería de uranio contamina fuentes de agua y afecta la biodiversidad de la región.
El turismo también podría sufrir consecuencias. Muchos visitantes eligen Arizona por sus paisajes protegidos. Un cambio en su estatus afectaría la derrama económica que generan.
La industria del ecoturismo y las actividades recreativas al aire libre dependen de estas áreas. Cualquier alteración en su protección impactaría a guías turísticos, hoteles y comercios locales.
Así es como Arizona enfrenta una posible transformación de sus áreas protegidas. Mientras algunos celebran la oportunidad de aprovechar recursos naturales, otros defienden la conservación a largo plazo.
El debate continúa. En los próximos días, el Departamento del Interior deberá definir qué monumentos seguirán protegidos y cuáles podrían abrirse a nuevas industrias. ¿Usted, estimado lector que opina?
