El día de ayer, arrancó en San Lázaro la discusión sobre la reforma energética impulsada por Claudia Sheinbaum. La iniciativa busca devolver a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) su carácter de empresas públicas con un enfoque social. De esta manera, Pemex y la CFE dejarán de operar bajo el mandato de productividad y se alejarán de las normas del derecho mercantil que las regían.
Sheinbaum, en su conferencia matutina, explicó junto a Luz Elena González los principales puntos de la reforma. Afirmaron que el objetivo principal es fortalecer a estas empresas para que su prioridad sea el servicio público, no la rentabilidad comercial.
Pemex y CFE: Empresas públicas al servicio de México
Uno de los ejes centrales de la reforma establece que Pemex y la CFE recuperarán su rol como empresas públicas, enfocándose en el bienestar social. Según Sheinbaum, esto permitirá que ambas empresas puedan cumplir con su función original: garantizar el acceso a energía asequible y segura para todos los mexicanos. “Las empresas regresan a ser públicas; el mercado no será su principal función, sino el servicio público”, destacó Sheinbaum durante la conferencia.
Además, la reforma otorga un nuevo papel a la CFE en la generación de electricidad. La meta es que esta empresa estatal produzca al menos el 54% de la energía del país, asegurando su preponderancia en el sector eléctrico. Esto representa un cambio frente al marco actual, en el que los privados tenían mayor ventaja por ciertas normativas. Con esta reforma, la CFE volverá a tener un papel dominante en la producción de electricidad, con especial enfoque en fuentes de energía limpia, como las hidroeléctricas.
Control del litio en manos del Estado
Otro aspecto relevante de la reforma es que el Estado tomará control exclusivo sobre la explotación del litio. Este mineral, vital para las tecnologías modernas, se ha convertido en un recurso estratégico. Según la reforma, ninguna empresa privada podrá extraer ni comercializar litio en México, lo que fortalecerá el control del país sobre este recurso clave.
Modificaciones a la Constitución
El debate en la Cámara de Diputados gira en torno a la modificación de tres artículos de la Constitución: el 25, el 27 y el 28. Estos cambios redefinirán el carácter de las empresas estratégicas del país. En particular, la reforma busca que Pemex y la CFE, como empresas públicas, vuelvan a estar protegidas bajo un marco legal que refuerce su rol en áreas de gran importancia para el desarrollo energético.
La administración de Sheinbaum subraya que esta reforma no busca excluir la inversión privada del sector, sino darle un nuevo equilibrio. El objetivo es que el sector público recupere su liderazgo en las áreas clave, sin dejar de lado la participación privada, pero siempre bajo nuevas reglas que prioricen el interés social sobre el lucrativo.
Este nuevo enfoque podría tener implicaciones significativas para el sector energético, especialmente para las empresas privadas que han estado operando en el país. Sin embargo, desde el Gobierno se insiste en que la reforma fortalecerá la soberanía energética de México y garantizará un suministro más estable y accesible para la población.
