Organizaciones internacionales no gubernamentales, académicas y civiles publicaron un informe que presenta evidencia de la debilidad del caso contra un grupo de defensores del agua salvadoreños conocidos como los ‘Cinco de Santa Marta’.
El informe sigue a la publicación de una carta abierta enviada al Fiscal General de El Salvador y firmada por 185 académicos y abogados y 13 organizaciones legales y afines de 21 países, solicitando a la administración del Presidente Nayib Bukele que desestime el caso contra los defensores del agua. La misiva también exige que el Fiscal General respete y haga cumplir los derechos humanos de todos los salvadoreños.
Ambos documentos, impulsados por la Alianza Centroamericana contra la Minería (ACAFREMIN), el Instituto de Estudios de Política, MiningWatch Canadá, Pax Christi Internacional, la Alianza del Servicio Público de Canadá, la Fundación SHARE, la Iglesia Unida de Canadá y la Sociedad Ética de Washington, fueron publicados en el primer aniversario del arresto y detención el 11 de enero de 2023 de los activistas del departamento norteño de Cabañas.
Los hombres arrestados —Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Antonio Pacheco y Saúl Agustín Rivas Ortega— son miembros de la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES) y jugaron un papel central en los eventos que llevaron al gobierno salvadoreño a aprobar la histórica prohibición nacional de la minería de metales en 2017, destinada a proteger el escaso suministro de agua de El Salvador. Fueron puestos en arresto domiciliario en septiembre de 2023, pero los cargos permanecen y están programados para ser juzgados más adelante este año.
Según el informe, las detenciones carecen de evidencia, de debido proceso legal y violan la Ley de Reconciliación Nacional de 1992.
“Los ‘Cinco de Santa Marta’ han jugado un papel crítico en los esfuerzos comunitarios de larga duración para asegurar que la histórica prohibición de la minería en todo el país en El Salvador continúe vigente y en los esfuerzos comunitarios para salvaguardar los derechos humanos y la dignidad humana de las comunidades salvadoreñas vulnerables”, indica el documento. “Después de la presión de más de doscientas destacadas organizaciones de la sociedad civil, de derechos humanos, basadas en la fe e investigativas, la administración de Bukele decidió liberar a los cinco defensores del agua de la cárcel en septiembre de 2023, pero permanecen bajo arresto domiciliario y los cargos contra ellos aún no han sido desestimados.”
El expediente señala que el gobierno de Bukele está malinterpretando eventos que ocurrieron hace tres décadas, cuando los cinco activistas eran combatientes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), una coalición de fuerzas rebeldes que lucharon durante el conflicto armado de 12 años del país (1980-1992). Fueron acusados de secuestrar, torturar y asesinar a una mujer en 1989.
“Para entender mejor las razones de su arresto más de treinta años después, este informe explora el ascenso al poder de Nayib Bukele, el actual presidente del país. Rastrea las maniobras políticas que le han dejado con un poder
casi absoluto en el país y le han permitido, en marzo de 2022, promulgar un ‘estado de excepción’ en el país”, continúa el expediente. “Este decreto, que se ha renovado mensualmente y sigue vigente, le da a Bukele carta blanca para suspender arbitrariamente los derechos democráticos y fundamentales y arrestar y confinar a personas sin representación legal indefinidamente. Ha resultado en el encarcelamiento de unas 70,000 personas adicionales, muchas de las cuales pueden ser inocentes pero no han tenido la oportunidad de defenderse.”
El caso de los defensores del agua
El caso contra los ‘Cinco de Santa Marta’ fue presentado por la hija de la mujer en abril de 2022. Sin embargo, la única evidencia proporcionada por el Fiscal General para presentar los cargos fue el testimonio de un testigo protegido que acusó a los hombres del asesinato pero admitió, cuando fue interrogado por el abogado de la defensa, que no tenía conocimiento de primera mano del presunto crimen.
“Aun así, en la primera audiencia, el juez dictó seis meses de detención preventiva (renovada en agosto de 2023) para permitir que la fiscalía continuara su investigación preliminar, impuso una orden de silencio sobre el caso y los detenidos fueron enviados a un centro de detención donde no tenían acceso a atención médica, apoyo legal ni visitas familiares. Más tarde se reveló que varios de los acusados tenían coartadas en el supuesto momento de su muerte. Además, extrañamente, y después de más de 10 meses, el cuerpo de la mujer nunca ha sido encontrado”, indica el informe.
El informe enfatiza que, dado que hay poca base para acusar a los cinco hombres y están cubiertos por la amnistía de 1992, los cargos contra ellos deberían ser desestimados.
También señala que la razón por la cual el Fiscal General no lo ha hecho probablemente se debe a que son feroces opositores a la minería y la administración de Bukele está mostrando señales claras de que quiere reiniciar la minería en el país.
¿Vuelve la minería?
Además de supuestas negociaciones secretas con China que incluyen la posibilidad de inversión en el sector minero, los expertos detrás del informe señalan que en 2021, el Ministerio de Economía incluyó en sus objetivos estratégicos, la regulación de la minería, mientras que el ejecutivo se ha unido al Foro Intergubernamental sobre Minería financiado por el gobierno canadiense y ha solicitado que evalúe el sector minero salvadoreño.
“Bukele también ha aprobado una nueva ley para crear una nueva Dirección de Hidrocarburos, Energía y Minas que incluye la minería metálica, a pesar de que está prohibida en la prohibición de 2017 contra la minería”, señala el documento.
El informe también señala que el gobierno parece estar instalando capacidad administrativa para la reintroducción de la minería, ya que el presupuesto de 2023 tiene una asignación de $4.5 millones para modernizar las leyes de minería y energía y, según las proyecciones del presupuesto de 2024, el gobierno agregará 140 miembros del personal a la Dirección de Hidrocarburos, Energía y Minas.
“Otros con quienes nos reunimos señalaron evidencia de la intención de Bukele de revertir la prohibición de la minería en
El Salvador y sugirieron que su motivación para hacerlo está basada en el desempeño económico generalmente pobre de la economía salvadoreña, exacerbado por las significativas pérdidas económicas sufridas por El Salvador tras su elevación del Bitcoin (junto con el dólar estadounidense) a la moneda nacional”, indica el expediente.
El documento enfatiza que datos del Banco Central de Reserva muestran que, bajo la administración de Bukele, El Salvador ha acumulado la mayor deuda pública en la región centroamericana, el 83.7% del producto interno bruto. También ha registrado el menor crecimiento económico en la región, un 2.1% según la CEPAL, y en 2022 cerró con una disminución del -133% en la inversión extranjera directa respecto al año anterior.
