El pasado viernes, el Tribunal Supremo de Canadá declaró por 5 votos contra 2 que la Ley de Evaluación de Impacto, la cual regula la explotación de recursos naturales en las provincias, es inconstitucional. Esta ley, que entró en vigencia en agosto de 2019, otorga a Ottawa la autoridad para regular proyectos de energía, minería y otros relacionados, basándose en impactos que caen bajo jurisdicción federal, como efectos sobre los pueblos indígenas, aves, peces y el cambio climático.
En una disputa anterior, el Tribunal de Apelación de Alberta había decidido que la ley violaba la jurisdicción provincial, lo que llevó al gobierno federal a apelar la decisión ante el Tribunal Supremo.
En su dictamen, la mayoría del Tribunal Supremo expresó que, aunque el federalismo promueve la cooperación y flexibilidad entre Ottawa y las provincias, no se debe socavar el equilibrio constitucional del Estado federal canadiense. Tras una revisión detallada, concluyeron que la ley otorgaba poderes excesivos al gobierno federal, permitiéndole paralizar proyectos por motivos que trascienden la jurisdicción federal. Citando un ejemplo hipotético, mencionaron cómo un proyecto minero con impactos negativos sobre la pesca podría ser detenido, a pesar de que la pesca es competencia federal y la minería es provincial.
Por otro lado, los jueces discrepantes argumentaron a favor de una interpretación flexible del federalismo y el medio ambiente, indicando que se debe confiar en que la ley se administre adecuadamente, sin considerarla inconstitucional basándose en potenciales malos usos.
Aunque el fallo es consultivo y no vinculante, las decisiones del Tribunal Supremo suelen tener gran influencia en la política gubernamental. Este caso, en particular, resalta la compleja división de poderes en Canadá, donde la protección ambiental es una responsabilidad compartida.
El alcance de este caso es evidente por la participación de 29 intervinientes, incluyendo siete provincias. Mientras algunas provincias se oponían a la ley, otras subrayaban la urgencia de medidas efectivas de protección ambiental, reflejando la tensión y los desafíos que enfrenta Canadá en su intento de equilibrar desarrollo económico y conservación.
