El reciente anuncio del Gobierno panameño sobre la retirada temporal del contrato propuesto con la filial de First Quantum, Minera Panamá, ha causado revuelo en el sector minero y energético. Este contrato, pendiente de aprobación, regula las operaciones de una de las minas de cobre más significativas, no solo para la nación centroamericana, sino para el conglomerado canadiense.
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La decisión viene después de que la administración del presidente Laurentino Cortizo y First Quantum acordaran en marzo los términos del contrato para la operación de la mina Cobre Panamá. Sin embargo, la aprobación por parte de la Asamblea seguía pendiente, lo que ha generado tensiones entre las partes involucradas.
A pesar del potencial económico que representa el contrato, cuyo borrador aseguraría a Panamá ingresos anuales de aproximadamente 375 millones de dólares (diez veces más de lo que percibía previamente), la oposición no se ha hecho esperar. Durante las últimas semanas, manifestantes han exigido frente a las oficinas gubernamentales más medidas de protección ambiental y restricciones en los permisos de expansión.
“Cobre Panamá”, ubicada en plena selva panameña, es una mina de cobre a cielo abierto de vital importancia. Representó casi la mitad de los ingresos de First Quantum durante el último año y contribuye con alrededor del 4% del Producto Interno Bruto de Panamá.
La respuesta oficial por parte de la presidencia destaca el compromiso de trabajar en conjunto con Minera Panamá. La idea es “acordar el fraseo necesario para resolver los puntos señalados por la comisión de comercio del congreso”, como indicaron en una publicación en la red social X.
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Por su parte, First Quantum y Minera Panamá aún no han emitido comentarios públicos respecto a la decisión del gobierno.
