La situación entre Ganfeng Lithium, minera estatal china, y el gobierno mexicano ha alcanzado un nuevo punto álgido. La reciente cancelación de nueve concesiones de litio a la empresa ha desencadenado una respuesta por parte de la entidad china, que ahora considera recurrir al arbitraje de inversiones.
El trasfondo de la contienda
Ganfeng Lithium ha estado trabajando en el Proyecto Sonora, que comprende una mina a cielo abierto y una instalación de procesamiento de productos químicos de litio ubicada en el estado de Sonora, México. Estas concesiones fueron concedidas conforme a la legislación mexicana y están en manos de tres subsidiarias controladas por Ganfeng en el país.
Todo cambió cuando, en abril de 2022 y mayo de 2023, el Gobierno mexicano modificó su Ley Minera, prohibiendo las concesiones de litio. Esta reforma declara al litio como sector estratégico, reservando el derecho exclusivo de explotación a una entidad estatal mexicana.
A pesar de esta reforma, Ganfeng sostiene que sus concesiones no deben ser afectadas, ya que se otorgaron previamente a la promulgación. La empresa argumenta basándose en principios de legalidad e irretroactividad reconocidos por la Constitución de México.
Reacciones y declaraciones
Las declaraciones de Wu Yonggao, un abogado y funcionario chino, citadas por Dossier Político, ponen de manifiesto la intención del Gobierno chino de proteger los intereses de la minera estatal. Yonggao ha calificado la acción del Gobierno mexicano como expropiatoria, señalando que están dispuestos a llegar hasta el arbitraje de inversiones para defender sus derechos.
El proceso de cancelación
Mientras Ganfeng sostenía diálogos con la Secretaría de Economía, la Dirección General de Minas (DGM) de México inició una revisión de nueve concesiones de litio en manos de sus filiales. Esta revisión tenía como objetivo confirmar si las filiales cumplían con las obligaciones mínimas de inversión entre 2017 y 2021. A pesar de que Ganfeng alega haber proporcionado evidencia suficiente, la DGM decidió cancelar las nueve concesiones.
La postura de Ganfeng es que esta cancelación viola tanto la ley mexicana como el derecho internacional. La empresa ha interpuesto varios recursos, incluida la revisión administrativa, para impugnar la decisión de la DGM y está dispuesta a recurrir a instancias superiores si es necesario.
