La minería ha sido una piedra angular de la economía mexicana desde tiempos inmemoriales. Los metales preciosos y los recursos minerales del país han atraído la atención de imperios, colonos y corporaciones. Pero, en la era moderna, ¿qué significa realmente la minería para México y su gente? El debate reciente en el ámbito legislativo arroja luz sobre esta cuestión.
El jueves pasado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) hizo una defensa enérgica de las recientes reformas a la Ley Minera, desafiadas por diputados federales de oposición. Estos legisladores han buscado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalide el decreto sobre concesiones para minería y agua. Sin embargo, según la CJEF, la crítica carece de fundamento, dada la naturaleza beneficiosa de las reformas para pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Es fundamental entender que las reformas buscan garantizar consultas a la población indígena y el pago adecuado por el uso de sus tierras y aguas. Estas medidas no son meramente simbólicas, sino pasos concretos hacia una minería más inclusiva y sostenible.
Además, la oposición parece olvidar el rico legado de exploración mineral de México. Desde 1944, el país ha trabajado diligentemente para investigar sus recursos minerales. Esta tradición, fortalecida por el Servicio Geológico Mexicano, demuestra que el país posee una capacidad técnica y científica sólida en este campo.
Si la reforma se declara inválida, no solo se perdería un paso hacia la justicia, sino que se daría un paso atrás, favoreciendo a intereses privados en lugar del bienestar colectivo.
Las reformas actuales obligan a la consulta previa, libre, informada y de buena fe con comunidades indígenas. Además, buscan asegurar que la minería beneficie directamente a estas poblaciones, reconociendo el derecho constitucional a la consulta indígena.
Más allá de estas medidas, el decreto busca recuperar el control estatal sobre los recursos minerales e hídricos. Contrario a la opinión de algunos críticos, esta no es una mera jugada política. Es un esfuerzo para asegurar que los recursos de la nación se utilicen en beneficio del pueblo mexicano.
En resumen, en lugar de obstaculizar el progreso, las reformas buscan un equilibrio entre desarrollo económico, derechos indígenas y sostenibilidad. Solo el tiempo dirá si México puede liderar el camino hacia una nueva era de minería responsable.
