La iniciativa, presentada por el diputado Ignacio Mier y la diputada Aleida Alavez Ruiz, busca recuperar la rectoría del Estado sobre los recursos minerales e hídricos del subsuelo mexicano. Con esta reforma, se eliminan esquemas como el terreno libre y primer solicitante, el carácter preferente de la actividad minera y la expropiación de terrenos para la explotación minera.
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Uno de los cambios más relevantes es la modificación de la duración de las concesiones mineras, que ahora tendrán una duración de 30 años, divididos en 5 años preoperativos y 25 años de explotación efectiva. Además, se contempla la posibilidad de prorrogar la concesión por un periodo adicional de 25 años, permitiendo una titularidad de hasta 55 años.
En cuanto a las implicaciones sociales y ambientales, la reforma establece la consulta previa a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas antes de otorgar el título de concesión. También se condiciona la concesión minera a la disponibilidad hídrica, se prohíben concesiones mineras en Áreas Naturales Protegidas y se establece el Programa de Restauración Cierre y Post Cierre para la gestión de residuos mineros y metalúrgicos.
Finalmente, se propone una contraprestación del 5% de las utilidades obtenidas por la actividad minera a los pueblos y comunidades ubicados en zonas mineras.
Esta reforma ha generado controversia en el Congreso, con la oposición acusando a la bancada de Morena de “albazo legislativo” y de “faltar a su palabra”, ya que se prometió un parlamento abierto en la materia. Tras su aprobación en la Cámara de Diputados, el dictamen fue turnado a la Cámara de Senadores para su análisis y discusión.
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La aprobación de esta iniciativa podría tener un impacto significativo en la industria minera en México, generando nuevos retos y oportunidades para las empresas y la sociedad en general. Será importante seguir de cerca cómo evoluciona la implementación de estas reformas y sus consecuencias en el sector minero y en el medio ambiente.
