El gobierno federal de México ha puesto en duda la aportación de la minería al desarrollo económico y la redistribución de la riqueza en el país, presentando una iniciativa de reforma a la Ley Minera y otras leyes relacionadas con esta industria.
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Impacto económico y medioambiental de la minería en México
Según el gobierno, los ingresos provenientes de la minería representan aproximadamente 72,923 millones de pesos (0.4% del PIB), lo que considera insuficiente en comparación con los ingresos percibidos por quienes participan en el sector minero, que en 2019 alcanzaron el 2.3% del PIB. Además, la minería es la quinta actividad con mayor generación de divisas, aportando 18,405 millones de dólares.
El gobierno argumenta que “la actividad minera no es representativa para el desarrollo económico y la redistribución de la riqueza en el país, por lo que no se justifica la preferencia que tiene sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno o del agua, pues su aportación no es considerable frente a los estragos que ha ocasionado la extracción de los minerales, como el deterioro del medio ambiente, el uso irracional del agua, la contaminación de ríos, cauces y la deforestación, entre otros fenómenos”.
Además, el gobierno señala que los ingresos derivados de la explotación y beneficio de los minerales se quedan en gran parte en los países extranjeros que participan en las empresas mexicanas (43.8%), lo que tampoco justifica su preferencia.
Cambios en la Ley Minera y regulaciones actuales
La Ley Minera fue modificada el 20 de abril de 2022 para designar las reservas de litio de México como parte de su patrimonio nacional, siendo el Poder Ejecutivo responsable de designar un organismo público descentralizado para la exploración y uso de las reservas de litio. Las actividades mineras sólo pueden ser llevadas a cabo por el gobierno o por personas físicas o jurídicas mexicanas con una concesión gubernamental.
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Las leyes actuales permiten la inversión extranjera, incluso mayoritaria, en empresas mineras mexicanas, excepto en la extracción de minerales radiactivos. Sin embargo, el gobierno federal critica que la persona titular de la concesión minera pueda desistirse en cualquier momento, sin obligación de restaurar el suelo, gestionar residuos o evitar afectaciones futuras a las poblaciones cercanas.
