El foco de los violentos disturbios de Perú se desplazó de nuevo al empobrecido sur rural después de que las manifestaciones masivas de la semana pasada en Lima no consiguieran desbancar al frágil gobierno de la Presidenta Dina Boluarte.
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El regulador de transportes del país informó de docenas de bloqueos de carreteras hasta el lunes por la mañana, muchos de ellos cerca de la frontera sur con Bolivia.
El sur de Perú, rico en cobre, es el corazón de la industria minera del país, así como de su sector turístico.
El sábado, el Ministerio de Cultura cerró la atracción turística más conocida de Perú, el yacimiento arqueológico de Machu Picchu, hasta nuevo aviso.
La crisis desatada por la destitución el 7 de diciembre del presidente Pedro Castillo, que intentó disolver el Congreso, se había cobrado hasta el domingo la vida de 54 civiles y un policía, según la Defensoría del Pueblo. El caos ha costado hasta ahora al país el equivalente a unos dos puntos porcentuales del producto interior bruto en pérdida de producción, según un estudio de Felipe Hernández, de Bloomberg Economics.
Unos pirómanos quemaron el domingo las oficinas de los servicios de inmigración y aduanas, así como una comisaría de policía, en las proximidades de la ciudad sureña de Puno. La carretera Panamericana, cerca de la ciudad de Ica, permanece bloqueada, y los aeropuertos de Arequipa y Juliaca están cerrados.
Los manifestantes exigen nuevas elecciones y la sustitución del gobierno y el congreso. Muchos también quieren que se reescriba la Constitución peruana, favorable al mercado.
Protestas en Lima
El 19 de enero, miles de manifestantes acudieron en masa a Lima, con la esperanza de que las manifestaciones tuvieran más repercusión que en los distritos rurales. Las protestas en la capital continúan, aunque con menor intensidad que la semana pasada.
Boluarte, que fue vicepresidenta de Castillo, es impopular tanto entre los partidarios de Castillo como entre la oposición. Ha prometido elecciones anticipadas, pero el Congreso aún no ha fijado una fecha para la votación, que podría celebrarse en abril de 2024.
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Líderes de la izquierda latinoamericana, como el presidente colombiano Gustavo Petro, han criticado la violencia empleada por las fuerzas de seguridad peruanas.
Bloomberg
