El jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, pidió públicamente al Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) que redoble los esfuerzos contra la minería ilegal de oro en los estados Amazonas y Bolívar, al sureste del país.
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Durante un discurso televisado de fin de año, Maduro dijo que el ejército debe hacer un mejor trabajo en la ejecución de la Operación Roraima, que tiene como objetivo detener la destrucción ambiental causada por las operaciones extractivas no reguladas.
El mensaje se hizo pocos días después de que el actor y activista Leonardo DiCaprio compartiera un post en las redes sociales citando un artículo de New Scientist que informaba de que la minería de oro sancionada por el Estado en Venezuela está causando un aumento anual del 170% en la pérdida de selva tropical prístina.
Informes anteriores de la ONG Clima21 y de la misión internacional independiente de investigación sobre la República Bolivariana de Venezuela creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU señalaban que Bolívar es el estado que registra la mayor pérdida de selva tropical. Esta zona tiene extensas fronteras con Brasil y Guayana, alberga la mayor parte de los yacimientos de oro del país y forma parte del Arco Minero del Orinoco, una Zona Estratégica de Desarrollo Nacional creada por decreto presidencial el 24 de febrero de 2016.
El Arco Minero es un área de 111.843 kilómetros cuadrados de concesiones para la extracción de oro, diamantes, mineral de hierro, cobre, bauxita y coltán, entre otros recursos. Es mayor que todo el territorio de Portugal y representa el 12,2% de la masa terrestre de Venezuela.
A pesar de la reciente llamada de atención de Maduro, el informe de la Misión de la ONU dice que una gran parte de la destrucción en Bolívar y los otros estados que caen dentro del Arco está teniendo lugar dentro de las concesiones mineras de oro otorgadas por el gobierno de Maduro al Ejército de Liberación Nacional (ELN), un grupo guerrillero colombiano. El grupo ha dividido la región en varios trozos gobernados por los llamados sindicatos que, además de realizar talas ilegales, trafican con drogas, armas, combustible, medicinas y alimentos; crean situaciones de esclavitud moderna y atacan a las comunidades indígenas.
“Las unidades militares venezolanas permiten, y a veces facilitan, las actividades del ELN para expulsar a los grupos armados criminales rivales”, se lee en el dossier. “Además, el ELN depende de una red de contrabandistas y mulas que pagan sobornos para cruzar las líneas de la GNB (ejército venezolano) y los puestos de control de los grupos armados para llevar oro a la frontera con Colombia”.
La minería aluvial semimecánica es la más común al sur del río Orinoco y otras zonas de la gran Guayana. El informe de la ONU señala que suele provocar una fuerte deforestación, la alteración del suelo, la degradación de los cauces y riberas de los ríos y la contaminación del agua y la tierra por residuos peligrosos, sobre todo mercurio, que se utiliza masivamente a pesar de estar prohibido en el país.
En conjunto, la minería ilegal, unida a algunas actividades agrícolas y a la tala legal e ilegal, ha provocado niveles indeterminados pero elevados de contaminación y la pérdida de 1,1 millones de hectáreas de cobertura vegetal autóctona en la Amazonia venezolana entre 1985 y 2020. “Por todo ello, la región venezolana de Guayana está considerada un punto caliente en lo que a deforestación global se refiere”, señala el informe de Clima21.
