La diputada mexicana Adriana Bustamante Castellanos presentó una enmienda al artículo 7 de la Ley de Minería del país, que permitiría hacer pública la información relativa a la producción, procesamiento y venta de minerales, así como los datos sobre las reservas minerales de los yacimientos y los estados financieros de las empresas mineras y metalúrgicas.
Según la actual Ley de Minas, las empresas mineras privadas pueden mantener la confidencialidad de dicha información.
En conferencia de prensa, Bustamante Castellanos consideró que dicha confidencialidad es obsoleta porque es una herencia de las negociaciones que se llevaban a cabo en 1992, cuando México impulsaba su ingreso al Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
El diputado del partido gobernante, Morena, también dijo que avanzar hacia la transparencia en el acceso a la información significa que las empresas mineras también tendrán que dar a conocer sus estrategias para garantizar el derecho de las comunidades a un medio ambiente sano.
“Esta legislación [de 1992] permitió [a las mineras] causar daños irreparables a los ecosistemas y territorios donde se realizan actividades extractivas. También ha tenido impactos en la salud y el bienestar de poblaciones enteras”, dijo.
Como ejemplo, la legisladora mencionó las consecuencias ambientales y económicas que aún padecen los habitantes del valle del río Sonora tras el accidente que provocó el derrame de 11 millones de galones de residuos tóxicos de la mina de cobre Buenavista de Grupo México, en 2014.
El proyecto de reforma al artículo 7 también establece que la información de las empresas mineras debe estar disponible y actualizada a través de los Sistemas Digitales de Información Geológica y Cartográfica de México.
“La ausencia de un conocimiento oportuno, veraz, completo e intercultural sobre los proyectos y sus impactos socioambientales ha provocado que las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas no tengan las herramientas para participar adecuadamente en los procesos de consulta previa”, dijo Bustamante Castellanos.
En su opinión, es importante conocer todos los detalles de las operaciones de las empresas mineras porque de 2012 a 2018, cuando gobernaba Enrique Peña Nieto, se “regaló” el 11% del territorio mexicano a través de concesiones mineras.
