Tras una serie de reuniones entre representantes de los poderes ejecutivo y legislativo de Perú y el sector de la pequeña minería, el país promulgó una ley que amplía el proceso de legalización de los mineros artesanales hasta el 31 de diciembre de 2024.
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La Ley N° 31388 también establece la implementación de la primera política nacional para la minería de pequeña escala y artesanal y contempla un plazo de 180 días para la elaboración de una nueva ley de minería de pequeña escala y artesanal. Se espera que la nueva ley contemple la formalización permanente de los pequeños mineros bajo un enfoque de desarrollo sostenible.
Un reciente estudio realizado por el Centro de Estudios de Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico y encargado por la ONG Solidaridad, determinó que en 2018 la minería de pequeña escala y artesanal fue responsable del 20% de las exportaciones de oro de Perú, por un valor total de 1,600 millones de dólares.
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“Con una producción anual de 143 toneladas, Perú es el primer productor de oro de América Latina y el sexto del mundo. Solo en 2018, el valor de las exportaciones de este mineral alcanzó los 8.200 millones de dólares, de los cuales el 20% provino de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE)”, se lee en el informe. “Algunos estudios sugieren que en todo el país hay entre 200.000 y 300.000 mineros artesanales y que alrededor de un millón de personas están directa o indirectamente vinculadas a esta actividad cuyo crecimiento descontrolado conlleva prácticas laborales inseguras, explotación, tráfico y otros actos delictivos.”
Colaboración entre pequeños y grandes mineros
En opinión de los autores del estudio, una forma de acelerar el proceso de legalización (también conocido como formalización) es establecer mecanismos que permitan la colaboración entre los mineros a gran escala y los artesanales.
La eficacia de tales mecanismos -dicen- comienza con que los mineros artesanales y de pequeña escala estén abiertos a constituir una empresa minera formal, lo que puede hacerse mediante la creación de colectivos con estructuras organizativas definidas y cuyos miembros no sólo tengan conocimiento del proceso de comercialización del oro, sino que estén inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).
Otra condición para que la colaboración entre los mineros a gran escala y los artesanales sea fructífera es que ambos grupos se pongan de acuerdo para establecer sus operaciones en sitios diferentes dentro de la misma área geográfica. Además, los investigadores sugieren que cada parte explote minerales diferentes o, en su defecto, utilice métodos distintos para extraer el mismo mineral.
El estudio también afirma que las empresas mineras tendrían que considerar a los mineros artesanales como actores clave que apoyan el desarrollo local, lo que podría requerir la introducción de algunos cambios en las políticas internas y las estructuras corporativas de las grandes mineras.
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Para que las grandes corporaciones acepten esto último, tendrían que recibir algunos incentivos que podrían tomar la forma de estímulos productivos o económicos, que podrían traducirse en el aprovechamiento de los conocimientos de los mineros locales para ahorrar costes; incentivos reputacionales, ya que la colaboración con los mineros artesanales podría ser premiada por esquemas de buenas prácticas nacionales e internacionales; e incentivos sociales, ya que la convivencia pacífica con los mineros artesanales podría ayudar a las grandes empresas a obtener la licencia social que necesitan para operar en determinadas zonas.
Una última recomendación presentada en el informe propone la idea de que las negociaciones entre los mineros a pequeña y gran escala sean mediadas por una tercera parte neutral. Una entidad de este tipo debería ser capaz de abrir diálogos entre ambos actores y crear capacidades para que puedan implementar modelos de negocio conjuntos o proporcionarse mutuamente asistencia técnica.
