El Comité Técnico del Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera (conocido como Fondo Minero), aprobó el ejercicio (ministración) de 98 proyectos por un monto de casi 261 millones de pesos para la realización de diversas obras de infraestructura en municipios en donde se realizan actividades de esa industria.
De acuerdo con cifras del Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera, que dirige María del Socorro Gómez Leyja, dicho monto proviene de los ejercicios 2014-2018 y los estados beneficiados con esa disposición son: Sonora, Zacatecas, Durango, Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí, Guerrero, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Oaxaca e Hidalgo.
Sonora es el estado que recibirá mayores recursos con un total de 134.6 millones de pesos, seguido de Zacatecas, con 54.3 millones de pesos. Sonora es el principal estado minero, con cerca de 35 por ciento de la producción minera nacional.
Los recursos del Fondo Minero provienen del impuesto especial de 7.5 por ciento aplicado a las utilidades de las empresas del sector.
En 2019, el Fondo Minero se empezó a ministrar por parte del Gobierno Federal de manera directa, sin intermediarios, primero por medio de la Secretaría de Economía, y a partir de 2020 se canaliza mayoritariamente a la Secretaría de Educación Pública para mejoras en centros educativos.
En octubre de 2019, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa que otorgó el manejo del Fondo Minero recabado en ese año, para repartirse en 2020, a la Secretaría de Educación Pública, que incluso pudo destinarlo a estados y municipios ajenos a la actividad minera.
Información del poder legislativo indicó que la reforma estableció que los ingresos obtenidos en la recaudación pueden ser empleados en mejoras para centros educativos y servicios de salud, al igual que en inversión física con impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo.
De acuerdo con la conformación del Fondo Minero, se destina 85 por ciento a la Secretaría de Educación Pública, otro 10 por ciento de lo recaudado se asignó al Gobierno Federal, para que lo destine a programas de infraestructura aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio que corresponda y el restante 5 por ciento para la Secretaría de Economía para fortalecer al sector minero, mejorar los sistemas de registro y control de la actividad minera.
