Una autoridad local de Ecuador insistió el martes en pedir a la Corte Constitucional que autorice una consulta popular sobre la prohibición de minería metálica y la suspensión de concesiones ya otorgadas en la provincia andina del Azuay, donde se desarrollan proyectos clave para el país.
La Corte Constitucional había negado en septiembre un pedido del prefecto de Azuay, Yaku Pérez, debido a que la forma cómo se elaboró la petición para consultar sobre prohibición de las actividades de exploración y explotación minera en su zona “no garantiza la libertad del elector”.
Pérez, sin embargo, modificó su petición inicial y añadió una nueva pregunta sobre la “caducidad” de las concesiones que fueron otorgadas por el Estado con anterioridad en su jurisdicción. Según el prefecto hay 812 concesiones de minería metálica en Azuay, una zona rica en oro y cobre.
“Perdimos una batalla, no la guerra. Esta lucha por el agua, por la ecología y la naturaleza no es de velocidad, esta lucha es de resistencia”, dijo Pérez, apoyado por alcaldes y grupos indígenas.
“Son dos preguntas que guardan lealtad, neutralidad y constitucionalidad. Ya no hay pretexto para que nos nieguen”, agregó. “Iremos a una consulta popular”.
Pérez argumenta que el desarrollo de la minería en Azuay está afectando las fuentes de agua y páramos, mientras que los empresarios del sector han pedido seguridad jurídica para poder desarrollar la actividad con cuidado ambiental.
La Corte debe aprobar las preguntas planteadas por Pérez para abrir el camino a la realización de una eventual consulta popular.
El Viceministerio de Minas no estuvo disponible de inmediato para un comentario.
En la provincia del Azuay se ubican los proyectos Loma Larga, operado por la canadiense INV Metals, y Río Blanco, en manos del grupo chino integrado por Junefield Mineral Resources Limited y Hunan Gold Group. También hay actividad de mineros pequeños y artesanales.
El año pasado Ecuador comenzó a exportar cobre y oro.
Reuters
