México.- Un Ministro de la Suprema Corte de Justicia propuso a sus colegas invalidar los cambios aplicados en 2019 al llamado Fondo Minero, pero no está claro si el tema alcanzará a ser discutido este jueves por el Pleno del máximo tribunal.
El Ministro Alfredo Gutiérrez propuso anular la reforma al destino de los recursos del fondo, porque a su juicio era necesaria una consulta previa a las comunidades indígenas del norte del país que pudieron verse afectadas.
El Fondo Minero fue reformado en la Ley de Ingresos de la Federación de 2019, por lo que se les quitó a estados y municipios los recursos que se recaudan por el derecho extraordinario a la minería creado en 2014.
Por tratarse de una ley de vigencia anual, las controversias en la Corte quedarán sin materia si no son resueltas en 2019.
La sesión de mañana seguramente será la última del año en la Corte, que tiene tres asuntos en lista, previos a las nueve controversias sobre el Fondo Minero.
Si el proyecto es aprobado, lo que requiere voto de ocho de diez ministros, las sentencias no tendrán utilidad práctica, pues el año ya casi termina y no hay efectos retroactivos, pero podrían ser fundamento para nuevas controversias en 2020, ya que ahora el Fondo Minero será casi en su totalidad para la Secretaría de Educación Pública.
La reforma de 2019 provocó 33 controversias, una del Ejecutivo de Chihuahua, que es la primera en la lista, y 32 de municipios de cinco estados.
En junio pasado, la Corte rechazó una solicitud del Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal para dar trámite prioritario a este caso.
Hasta 2018, la recaudación por derechos sobre la minería se dividía en dos bolsas:
El 22.5 por ciento se distribuía a todos los estados y la Ciudad de México como participación federal -que en 2018 fue de 2 mil 605 millones de pesos- y el 77.5 por ciento restante se enviaba al Fondo Minero, que de 2014 a 2017 acumuló 11 mil 325 millones.
Los municipios recibían el 62.5 por ciento del Fondo para obras públicas locales, que sólo en el caso de Chihuahua incluyeron 330 proyectos en cuatro años.
Tras la reforma de 2019, el dinero pasó a la Secretaría de Economía (SE) con la idea de aplicarlos para las Tandas del Bienestar, un programa del actual Gobierno que da créditos a la palabra a microempresarios hasta por 15 mil pesos.
En 2020, los cambios al Fondo Minero serán aplicados en la Ley Federal de Derechos, que es donde ha existido desde su creación.
Ahora, la mayoría de Morena en el Congreso determinó que 85 por ciento del dinero irá a la SEP para construcción de escuelas, 10 por ciento al Gobierno federal para otras obras, y 5 por ciento a la SE para supervisar la actividad minera, sin que se prevean fondos para gobiernos locales de zonas mineras, ni para repartir participaciones a todas las entidades.
Esta reforma requerirá nuevas controversias de los estados y municipios inconformes, que la Corte podría resolver más rápido en 2020 si la mayoría de los ministros considera que la afectación a estos recursos debe pasar por consulta previa a comunidades indígenas.
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