El proyecto minero Dominga en Chile tendrá que ser analizado nuevamente por un tribunal ambiental, resolvió el jueves la Corte Suprema al acoger demandas de grupos ecologistas y rechazar reclamos de la empresa Andes Iron, dueña del proyecto.
La iniciativa de hierro y concentrado de cobre de 2.500 millones de dólares se ubicaría a unos 500 kilómetros al norte de Santiago, cerca de reservas ecológicas por lo que sus detractores señalan que causaría un grave daño ambiental.
En un proceso que se extiende ya por varios años, la construcción de Dominga había sido rechazada por una comisión regional de evaluación ambiental en marzo de 2017 y posteriormente el proyecto fue elevado al comité de ministros, donde también fue rechazado meses después, durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet.
“El proyecto tendría impacto significativo sobre los objetos de conservación de la reserva nacional del pingüino de Humboldt”, dijo el entonces ministro de Medio Ambiente Marcelo Mena. Dicha decisión generó la renuncia de los ministros del área económica de la época.
En el fallo del comité de ministros se argumentaron deficiencias en la sustentación ambiental del proyecto, con capacidad de 12 millones de toneladas anuales de hierro y 150.000 toneladas de cobre.
Antes de esas decisiones, sin embargo, el tribunal ambiental de Antofagasta, que tiene la jurisdicción sobre el proyecto, le había dado luz verde. Pero ahora debe volver a revisarlo para enfocarse en “el fondo” de la causa, resolvió la Corte Suprema, que consideró que en su primer fallo sólo se había referido a aspectos formales.
El Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta “conocerá y decidirá el fondo del asunto debatido, vinculado a las materias respecto de las cuales se omitió pronunciamiento, esto es, el carácter completo de los antecedentes del proyecto y la estricta evaluación ambiental del mismo”, dijo la Corte Suprema en su decisión.
El caso había llegado al máximo tribunal del país después que tanto Andes Iron como grupos ecologistas presentaran una serie de recursos.
El proyecto salpicó también al mundo político, ya que se ha denunciado que en su génesis tenía vínculos con el ahora presidente Sebastián Piñera, mientras por otra parte se ha señalado que la iniciativa se ubica cerca de terrenos de propiedad de la expresidenta Bachelet.
Reuters
