El gobierno de una provincia minera clave en el sur de Ecuador ha propuesto un referéndum popular sobre el desarrollo de nuevas minas en la región, el último obstáculo para los esfuerzos del presidente Lenin Moreno para atraer la inversión minera extranjera.
La provincia de Azuay alberga varios proyectos de oro, plata y cobre potencialmente lucrativos, incluido el proyecto Loma Larga, operado por INV Metals de Canadá y la mina Río Blanco, propiedad de un consorcio chino que consiste en Junefield Mineral Resources Limited y Hunan Gold Group.
Pero el prefecto provincial Yaku Pérez solicitó el martes que la Corte Constitucional del país sudamericano someta el desarrollo minero a un referéndum popular, expresando su preocupación por los impactos ambientales de la minería.
“Seremos la primera provincia del país en decidir entre el oro y el agua”, dijo a los periodistas Pérez, también líder de la comunidad indígena. “Lo haremos para que muy pronto Azuay y Ecuador estén libres de minería metálica”.
El mes pasado, el Tribunal Constitucional falló en contra de una solicitud para exigir consultas comunitarias sobre la mina Cascabel en el norte de Ecuador, permitiendo que SolGold de Australia continúe desarrollando lo que se considera uno de los proyectos de cobre más prometedores del mundo.
Esa fue una victoria para Moreno, quien considera que el desarrollo del sector minero en gran parte sin explotar de la OPEP es crucial para revivir la moribunda economía del país y dejar de depender de las exportaciones de crudo.
Sin embargo, sus planes se han topado con la oposición de grupos preocupados por posibles daños ambientales.
Azuay ha demostrado ser particularmente resistente a los mineros extranjeros. En marzo, un referéndum popular en Azuay fue en contra de INV, y ahora está buscando reubicar su proyecto Loma Larga. El proyecto de Río Blanco se detuvo por más de un año debido a un fallo judicial.
Los conflictos entre mineros a gran escala y grupos indígenas y ambientalistas son comunes en América Latina. A principios de este año, una comunidad indígena en Perú estableció un bloqueo de carreteras en una mina de cobre de propiedad china en una disputa por compensación, mientras que una serie de represas en las minas en Brasil han provocado una reacción violenta.
Perú aprobó una ley en 2011 que otorga a los grupos indígenas el derecho de influir en las decisiones nacionales que afectan a sus comunidades, incluidas la minería y la extracción de petróleo.
Reuters
