El representante de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), Miguel Santana, será el nuevo presidente de Consejo de la Sociedad Civil (Cosoc) del Ministerio de Minería; mientras que Carolina Aguayo, representante de la Corporación Alta Ley, la vicepresidenta.
Así lo determinaron los participantes del Cosoc, espacio de participación ciudadana creada para aportar al desarrollo y gestión de las políticas públicas sectoriales, en su pasado consejo.
La elección de la nueva directiva se da luego del sensible fallecimiento de Juan Carlos Olivares, presidente ejecutivo de Aprimin, quien lideró la instancia desde su creación en enero de 2018.
Durante la cita, que fue liderada por el subsecretario Pablo Terrazas, se destacó la importante labor realizada por el ex presidente ejecutivo de Aprimin, no solo al interior del Cosoc sino también en las distintas instancias del Ministerio de Minería.
“Juan Carlos Olivares realizó una valiosa contribución al desarrollo de las políticas públicas del Ministerio de Minería presidiendo el Cosoc y un gran aporte en las diferentes mesas de trabajo desarrolladas en 2018. No tenemos dudas que el nuevo presidente de esta instancia aportará con el mismo espíritu a la generación de mejores políticas para el desarrollo de más y mejor minería”, comentó el subsecretario Terrazas.
Durante el Cosoc la autoridad también presentó el trabajo realizado por la cartera en 2018, en antesala a la Cuenta Pública Participativa que llevará adelante el Ministerio de Minería el 16 de mayo en la ex oficina salitrera Humberstone en la región de Tarapacá.
En este sentido, indicó que los focos de trabajo fueron posicionar al sector minero como un motor de recuperación del crecimiento y generación de empleo, reducir la incertidumbre regulatoria mediante reglas claras y estables, abordar el desarrollo de la innovación y competitividad, además de potenciar a los proveedores. Y, por sobre todo, desarrollar una minería más sustentable ambientalmente e inclusiva en lo social.
Dentro de los hitos concretos, destacó la creación de una comisión para elaborar una política minera de largo plazo, la fusión de Alta Ley y el CIMM, el desarrollo de una mesa con la industria minera y los servicios públicos para reducir los “cuellos de botellas” en la tramitación de proyectos mineros y el lanzamiento de la Política Nacional de Relaves, entre otros.
