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Tahoe Resources despide a otros 200 trabajadores de la mina de Guatemala

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Otros 200 empleados de la operación Minera San Rafael, en Guatemala, perdieron sus empleos, informó el lunes el propietario de la mina Escobal, Tahoe Resources, con sede en Reno, Nevada.

La compañía, que tiene una larga disputa con la nación latinoamericana y no ha podido producir plata de la mina Escobal desde que se cerraron las operaciones en julio de 2017, dijo que ahora había despedido a alrededor del 70% del total de la fuerza de trabajo de Minera San Rafael.

Antes de la suspensión de la licencia, Minera San Rafael empleaba a 1 030 personas, de las cuales el 97% eran guatemaltecas y el 50% eran de la región de Santa Rosa.

“A pesar de los extensos esfuerzos en Guatemala, no hemos tenido éxito en alcanzar una resolución favorable que evite los impactos negativos para todas las partes interesadas, especialmente para nuestra fuerza de trabajo y la economía local. Estamos extremadamente decepcionados con la necesidad de una mayor reducción de la fuerza de trabajo en este momento, sin embargo, esto es una consecuencia natural de la inacción prolongada en el sistema legal “, comentó en un comunicado Jim Voorhees, CEO de Tahoe.

La licencia de Tahoe fue suspendida luego de que una organización antiminería afirmara que el Ministerio de Energía y Minas no había consultado con los pueblos indígenas Xinca antes de otorgar la licencia para Escobal. Tahoe dijo que la Corte Constitucional guatemalteca había escuchado las apelaciones de la decisión de la Corte Suprema de restablecer la licencia minera el 25 de octubre de 2017. Según la ley, el Tribunal Constitucional tuvo que fallar dentro de los cinco días calendario de la audiencia pública, pero aún no lo ha hecho.

“La compañía no puede, en este momento, predecir cuándo emitirá su fallo”, afirmó la empresa.

Voorhees agregó, sin embargo, que Tahoe estaba comprometido a buscar una resolución y reiniciar la mina Escobal “lo antes posible”.

Desde la suspensión de la licencia en julio de 2017, el gobierno y las comunidades locales han perdido más de $ 50 millones en impuestos y regalías, señaló la compañía.

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