Durante una rueda de prensa, el lunes, 21 de agosto, el viceministro de Minería Henry Troya ratificó la posición del Estado ecuatoriano de respetar los 262 títulos mineros otorgados en el polígono Cumbaratza, para los regímenes de pequeña minería, artesanal, libres aprovechamientos y gran minería.
El pronunciamiento se da, luego de la notificación de un fallo judicial del Tribunal Distrital 2 de lo Contencioso Administrativo del Guayas, en el que ordena la inscripción de 30 mil hectáreas, a favor de la empresa minera Cumbaratza, mediante 10 títulos mineros de 3 mil hectáreas cada uno.
Al respecto, el Viceministro indicó que esta sentencia resulta inaplicable en tanto se vulneran derechos de terceros, que en este caso, corresponden a los mineros de la zona, que “recibieron sus títulos en debido derecho y que actualmente desarrollan sus actividades”.
“Estamos haciendo respetar los derechos mineros de pequeños, medianos y artesanales que se encuentran en el área en litigio de Cumbaratza. No vamos a afectar a ninguno de ellos. Es el compromiso del Estado velar porque ningún derecho sea menoscabado”, reiteró Troya.
También indicó que existen presunciones de actos indebidos por parte de ciertos funcionarios, por lo cual se iniciarán las investigaciones en el marco del debido proceso. Fue enfático en señalar que ningún acto de corrupción puede quedar impune.
Ecuador impulsa una minería controlada, legal y responsable que cumpla con los más altos estándares de la industria, genere trabajo y se desarrolle respetando el marco jurídico vigente.
Caso Cumbaratza
– La empresa Cumbaratza y el Estado ecuatoriano mantuvieron un litigio por más de 30 años, por un área de 30 mil hectáreas en la provincia de Zamora Chinchipe.
– El proceso judicial comenzó con la ejecución del Decreto Ejecutivo Nro. 426 del presidente Leon Febres Cordero, publicado el 17 de enero de 1985.
– Se determinó la caducidad de la concesión y la empresa presentó un reclamo judicial.
– En la contienda hubo dos sentencias de casación. La primera del 10 de enero de 1996, le dio la razón al Estado y determinó que dicha área queda libre para ser nuevamente concesionada; pero una segunda le dio la razón a la empresa. En esta última se ordenó al Estado que no otorgara concesiones o declare nulas las áreas mineras ya concesionadas dentro de los 30.000 hectáreas que originalmente fueron otorgadas a la empresa por medio de un contrato con el Estado.
– En 2005, el exprocurador del Estado, José María Borja, ratificó la sentencia del 10 de enero de 1996.
