Chile.- Tras participar en la firma del Proyecto de Ley de Agenda Pro inversión y el decreto que establece la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables, el ministro de Minería, Baldo Prokurica, destacó y valoró las medidas que está impulsando el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera para reactivar la economía del país.
“Uno de los temas que se ha querido enfrentar es la reducción del número de trámites que hoy tienen que presentar las empresas para poder ejecutar sus proyectos y generar una reactivación de la actividad económica y de la inversión en el país. Y, por supuesto, parte muy importante de ello corresponde a la actividad minera, tanto por sus montos como por el impacto en la generación de empleo y desarrollo local que tiene la pequeña, mediana y gran minería”, señaló el secretario de Estado.
La autoridad del sector destacó que “este proyecto de ley, que contempla una serie de medidas, permitirá que este verdadero lomo toro que significa la burocracia que tenemos en el país, y que desincentiva la inversión se pueda al menos reducir con estas disposiciones legales”.
El secretario de Estado explicó que parte de las disposiciones legales dadas a conocer hoy son parte de un proyecto de ley que el Presidente Sebastián Piñera presentó en su primer Gobierno, junto con otras iniciativas que han sido trabajadas con diversas organizaciones de las actividades económicas del país.
“Creemos que es indispensable aprobar estas iniciativas a la brevedad para generar una mayor dinámica, ya que, si no hay inversión, no hay desarrollo y si no hay desarrollo, no hay crecimiento, y sin esto, no vamos a derrotar la pobreza”, puntualizó Prokurica.
Impacto en el sector minero
El proyecto de ley permitirá que Sernageomin -servicio dependiente del Ministerio de Minería- mantenga actualizado el catastro de concesiones mineras, utilizando las publicaciones oficiales de minería, con el fin de que todos sepan de forma oportuna y transparentes cuáles son las concesiones mineras que están en trámite de otorgamiento.
También regulará la suspensión provisoria de una obra nueva, evitando que las demandas paralicen grandes proyectos de inversión y que generan daño al inversionista, a la comunidad y al país.
Facilitar los procedimientos administrativos para la adquisición o ejercicio de los derechos permitiendo que revisores independientes puedan hacer las inspecciones que muchas veces el sector público se demora en hacer y eso dará más rapidez y certeza jurídica a los permisos que otorga el estado.
