‘Opacidad’ es una de las palabras más comunes cuando se habla de operaciones mineras en México. Pero eso puede quedar atrás trabajando en la transparencia del sector.
México ya dio un primer paso en ese camino: el 1 de septiembre, el país presentó su candidatura ante la Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva (EITI, por sus siglas en inglés).
“En el EITI se obliga a los países a transparentar datos de las empresas extractivas que estén trabajando en el país. Uno de los compromisos es que la información sea pública y esté actualizada. Para ello se va a crear un portal web del EITI en México, donde esta información estará disponible”, comentó Julieta Lamberti, investigadora de la organización no gubernamental (ONG) PODER.
Para Irene Tello, coordinadora ejecutiva de la organización civil Impunidad Cero, el ingreso al IETI va a facilitar la labor de los investigadores, pues se asegura que toda la información esté homologada y no dispersa en diversos sitios.
Además, ingresar al EITI aumenta el atractivo de México ante los ojos de firmas extranjeras que buscan invertir en las industrias extractivas, explicó Lamberti.
EITI es un estándar global para promover la gestión abierta y responsable de los recursos petroleros, gasíferos y mineros. Si un país cumple con los requisitos de transparencia y rendición de cuentas, se considera un ‘implementador’.
En octubre, en la siguiente reunión del EITI, se decidirá la adhesión de México al estándar. De ser aprobado, en el cuarto trimestre de 2018 se publicará el primer informe anual, y a partir del primer trimestre de 2020 se contará con la base de datos actualizada sobre los llamados beneficiarios reales de las industrias extractivas.
Esos beneficiarios reales son los auténticos titulares de las empresas que han obtenido derechos de extracción de petróleo, gas y minerales.
“Detrás de esta solicitud, está el trabajo de un grupo ‘multipartícipe’ que trabajó arduamente para involucrar a la academia, al sector civil y al gobierno, para que todo el plan de trabajo estuviera dirigido a transparentar lo más posible todo el flujo de la industria extractiva”, dijo Tello.
Para ingresar la candidatura, México instaló ese grupo ‘multipartícipe’ nacional, integrado por representantes del gobierno, la industria y la sociedad civil. Miguel Messmacher, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, lidera el IETI México.
“El gobierno está trabajando mucho para que se apruebe la candidatura, porque después de la reforma energética les conviene para que las empresas grandes vengan y concursen por las zonas para explotar hidrocarburos”, señaló Lamberti.
De parte del sector privado están Benigna Leiss, representante de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos; Sergio Almazán, director general de la Cámara Minera de México; y Tomás Ibarra, subdirector de la Unidad de Control Interno Institucional de Pemex.
Como representantes de la sociedad civil se encuentran Teresina Gutiérrez, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM; Benjamin Cokelet, director ejecutivo de PODER; y Esteban García-Peña, coordinador ejecutivo de Alcosta, red que agrupa a 22 organizaciones ambientalistas de la sociedad civil.
El EITI tiene 52 países implementadores. Entre los que tienen un progreso satisfactorio en el estándar se encuentran Perú, Nigeria y Ghana.
Expansión
