España.- La juez de instrucción 3 de Sevilla ha ampliado la investigación de la concesión de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) por parte de la Junta de Andalucía, lo que encarga a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, una decisión que adopta después de que la Audiencia le pidiera reabrir el caso.
La juez Patricia Fernández responde de esta forma a la Audiencia de Sevilla, que consideró que en el procedimiento administrativo de la concesión de la mina existían indicios de que la Junta de Andalucía cometió “ilegalidades severas y arbitrarias” que podrían suponer un delito de prevaricación.
En un auto al que ha tenido acceso Efe, la juez de instrucción retira la investigación a la Policía Nacional, y no se define aún sobre la decisión de citar como investigado -antes imputado- al secretario general de Innovación, Industria, Energía y Minas de la Junta, Vicente Cecilio Fernández.
La juez decidirá sobre la citación de Fernández una vez que la UCO culmine su investigación, lo que también hace con los representantes legales de la empresa Minorbis, los hermanos Isidro y Mario López Magdaleno.
Respecto a los seis miembros de la comisión técnica y la mesa de contratación, la juez pide a la Fiscalía y a las acusaciones Emerita, Ecologistas en Acción y Manos Limpias que “se pronuncien sobre los extremos sobre los cuales se proponga la citación como investigados” de los seis.
El proceso de concesión se culminó el 20 de febrero del 2015 por parte de la Junta en favor de Minorbis-Grupo México, lo que denunció la empresa finalista del concurso, Emerita Resources, e investigó el juzgado antes de archivar la causa en diciembre del 2015, decisión que revocó la Audiencia en octubre pasado.
Además, en el auto de ampliación de la investigación, la instructora pide a las partes personadas que se pronuncien sobre la declaración de complejidad de la causa, lo que permitiría alargar la investigación 18 meses más.
En las diligencias encargadas a la Guardia Civil, la juez le pide que investigue el “papel real desempeñado por la entidad Minorbis y las circunstancias reales relacionadas con la factura de honorarios y sus recursos personales, económicos y materiales -desde la presentación de la oferta hasta la adjudicación-“.
La juez quiere saber si Minorbis “hubiera actuado en el presente concurso como mero intermediario para procurar la adjudicación a una tercera entidad, controlada absolutamente por una filial del Grupo México“.
También quiere saber si Minorbis “disponía o no de medios personales, económicos y materiales para asumir el pago de unos honorarios por importe de 1.200.000 euros”, dinero al que habría que sumar otro millón de euros que Grupo México se comprometió a reembolsar a Minorbis.
Ese dinero se habría pagado “en concepto de gastos razonables en los que habría incurrido directamente relacionados con el impulso y desarrollo del proyecto”, según la juez.
“Esta investigación debe enmarcarse junto con el dato del control absoluto de Minera Los Frailes por parte de AMC Mining Iberia (Grupo México), donde sólo ha quedado una exigua participación social de Minorbis”, señala la instructora.
Esa participación ha quedado “sujeta a todo tipo de obligaciones y garantías: prenda, opción de compra, pérdida de la condición socio, incluso un derecho de tanteo sobre posibles terceros adquirentes de participaciones de Minorbis”, concluye la juez.
La magistrada pide a la Junta que le informe sobre el estado actual de las actividades en la mina y que amplíe su informe sobre la aceptación de la concesión del concurso internacional convocado.
La juez recuerda que en la causa sí está el informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que reclama la Audiencia en su auto de reapertura del caso, aunque precisa que está emitido por un funcionario a petición de la empresa que perdió el concurso, Emerita Resources España.
