En una etapa clave entró la pugna entre las siderúrgicas locales Gerdau AZA – CAP y DeAcero por el eventual dumping en las importaciones de barras de acero para hormigón, originarias de México.
En un plazo de 30 días la Comisión Antidistorsiones -que preside el Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázabal-, se pronunciará sobre la denuncia que pesa en contra de la azteca, la que se traduce en que el acero ingresa bajo el costo de producción, lo que – según las nacionales- les ha significado una pérdida de participación de mercado del 12%.
En la audiencia realizada el viernes en dependencias de la FNE, el gobierno mexicano, a través de la segunda secretaria de la embajada ese país en Chile, Fabela Legaspi, entregó su apreciación respecto al conflicto y lanzó duros cuestionamientos a la investigación. Y agregó que las eventuales restricciones al ingreso de acero azteca que podría interponer la instancia vulnerarían las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
“La definición de las medidas antidumping definitivas darían lugar a una violación de las disposiciones del acuerdo de la Organización Mundial de Comercio, ya que al no satisfacerse los requisitos mínimos indispensables para iniciar la investigación, esas deficiencias constituyen vicios de origen que no pudieron subsanarse”, afirmó la funcionaria diplomática. Legaspi leyó una carta que representó la visión de la Secretaría de Economía de México sobre la discrepancia.
Para México, la comisión no definió el período analizado para efectos de los estudio de daño. Además, dijo que los períodos utilizados para determinar la supuesta contención de los precios no son comparables, porque son absolutamente distintos.
La diplomática argumentó que el análisis de supresión de precios de la resolución que dio inicio a la investigación se basa en el período 2013 a julio de 2015. Y el de volúmenes importados se extiende desde 2014 a octubre de 2015.
El ingreso del acero mexicano bajo el costo de producción durante el lapso antes mencionado generó fuertes repercusiones en las empresas, según confirman en el sector. De hecho, CAP Acero y Gerdau sufrieron un 12% de pérdida de participación de mercado, lo que se tradujo en aproximadamente US$50 millones de ventas anuales, es decir, 80 mil toneladas de barras para hormigón.
Dicho impacto se observa al comparar el año 2012 (cuando no existían importaciones de México) con el período enero-julio 2015 (la solicitud de inicio de investigación se ingresó en octubre 2015).
Las importadoras chilenas Fullacero Ltda. y Ebema S.A. -que compran acero mexicano- discrepan de la visión de las compañías reclamantes, pues a su juicio la importación de acero mexicano “no genera daño en el precio del mercado local y no representa una amenaza para la industria chilena”.
Cabe recordar que Gerdau y CAP solicitan un impuesto de 27,5%, sustentado en que DeAcero ingresaría sus productos al mercado chileno a precios menores a los que son comercializados en México.
IMPACTO. En su alocución ante la comisión, el economista Gonzalo Sanhueza planteó discrepancias con la visión expuesta por las firmas nacionales sobre el impacto que acusaron las nacionales.
Otro de los aspectos dados a conocer por los representantes de CAP y Gerdau radicó en el avance de la barra mexicana por sobre las otras foráneas. Casi un 96% de la cantidad importada es mexicana, desplazando el ingreso de las barras proveniente de España y Turquía.
NTX
