Bolivia.- El Gobierno envió al Órgano Legislativo un proyecto de ley para modificar la Ley de Minería y eliminar el Régimen de Tasa Cero en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) para la venta de minerales y metales en su primera fase de comercialización. La norma vigente beneficia a las cooperativas mineras.
La disposición abrogatoria del proyecto señala: “Se abroga la Ley 186, del 17 de noviembre de 2011, Régimen de Tasa Cero en el Impuesto al Valor Agregado para la venta de minerales y metales en su primera fase de comercialización”.
El exministro de Minería Dionisio Garzón afirmó -según publica este martes el diario La Razón en su edición impresa- que la aplicación de normas impositivas que favorecen a ciertos sectores, como la implementación del Régimen de Tasa Cero en el IVA, es negativa para los sectores formales.
La presentación de una norma para la anulación del mencionado régimen fue planteada por el ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce, en mayo del año pasado. Según Garzón, lo que se busca es obtener una mayor recaudación.
El proyecto también prevé la inclusión de los cooperativistas no asociados al amparo de la Ley General del Trabajo.
El 2 de septiembre también fue remitido a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley 257, que establece que la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y las empresas privadas nacionales y extranjeras pactarán nuevos contratos sobre aquellas áreas donde regían acuerdos legales firmados con cooperativas mineras.
Las reformas se dan luego de un largo conflicto entre el Gobierno y las cooperativas mineras por las modificaciones a la Ley General de Cooperativas que permitieron la sindicalización al interior del gremio.
Entre el 23 y 25 de agosto la violencia en las protestas derivó en la muerte de cinco mineros cooperativistas y del viceministro de Régimen Interior y Policía, Rodolfo Illanes, lo que dio paso a la aprobación de cinco decretos el 1 de septiembre, que entre otras determinaciones disponen la reversión de las concesiones mineras de las cooperativas que hayan sido subarrendadas a empresas privadas nacionales o extranjeras .
La Razón
