Argentina.- El Consejo Empresario Mendocino (CEM) presentó un análisis sobre la “minería responsable para el crecimiento sustentable con equidad”. Durante su presentación estuvieron autoridades del gobierno provincial y nacional, además de empresarios y miembros de la Fundación Vida Silvestre, que presentaron premisas por las que entienden que Mendoza debe desarrollar todo su potencial minero.
El primero en referirse al estudio fue el titular del CEM, Federico Stropolsky, quien explicó que su principal objetivo fue “aportar a un debate serio e informado sobre la minería, la normativa y los controles a partir de las cuales puede o no ser posible el desenvolvimiento de esta actividad”.
A su turno, el subsecretario de Energía de la Nación, Mario Capello, insistió en que se presentaba en Mendoza “con esperanza” y le dio la “bienvenida al diálogo”. Sin embargo, el funcionario consideró que en Argentina se rechaza a la minería porque fue un país concebido para el agro.
“A mi criterio no somos Canadá, porque no desarrollamos minería, durante años dijimos que vivíamos de la soja y generamos 24 mil millones de dólares al año, cuando Chile, solo en cobre generó 42 mil millones de dólares al año”, aseguró Capello.
Capello se lamentó de que en los años ’90, Mendoza fuera el destino de inversión de “las principales empresas exploradoras”, pero que, sin embargo, los proyectos no se sostuvieron en el tiempo. “Negamos miles de millones de dólares en inversión y hoy se hace minería a cielo abierto con cianuro en Asia, Canadá o con sulfuro, son químicos inherentes al método que los países aceptan para beneficiarse con sus riquezas minerales”, consideró.
“Cada provincia decidirá para adentro, pero el país necesita inversión y los argentinos necesitan encontrar trabajo”, agregó el funcionario nacional y terminó considerando que es una vergüenza que importemos minerales que hay en el sueño nacional y que generemos menos riquezas que las que obtiene Chile, país que no cuenta ni con una “meseta patagónica, ni con una sierra pampeana, ni una precordillera”.
Es una vergüenza que importemos 60 millones de dólares anuales en uranio”, cerró.
Por su parte, el titular de Ambiente de la provincia, Humberto Mingorance, aseguró estar en permanente diálogo con las autoridades mineras, y las de Energía de la provincia, para que se avance con la actividad sin incumplir con la Ley 7722 -que prohíbe el uso de sustancias químicas en los procesos metalíferos-. “No es nuestra intención, y tampoco lo ha planteado el gobernador, modificar la 7722”, afirmó.
De la misma manera, el subsecretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú, consideró que “es la hora de discutir” una política de Estado que permita asegurarse de que todos los proyectos mineros en Mendoza se desarrollen teniendo en cuenta “aspectos económicos, sociales y culturales”. En dicha política deberá quedar establecido “cómo se deberá desarrollar” la actividad y “en qué contexto”.
También estuvo presente el titular del CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) Jorge Mandelbaum, quien explicó que el estudio tiene como objeto tender un puente entre la actividad pública y la privada; y el Director del Departamento de Conservación y Desarrollo Sustentable de la Fundación Vida Silvestre, Manuel Jaramillo quien planteó que el desafío actual no es preguntarse si debe o no haber minería, sino cómo.
Para el cómo Jaramillo dio tres conceptos básicos: fortalecer la gobernanza, mejorar la calidad de participación de la ciudadanía, y obtener una legitimidad social (mejorar el desarrollo sustentable del país y la calidad de vida de la gente).
Diez conceptos para desarrollar la minería
La presentación del estudio estuvo a cargo del Lic. Luciano Di Gresia, Investigador Principal del Área de Desarrollo Económico de CIPPEC y de la Lic. Belén Rubio, Investigadora del Área de Desarrollo Económico de CIPPEC.
El mismo puede resumirse en “diez recomendaciones principales” que presentaron como “cruciales para cualquier debate y acción en orno a la promoción minera”:
1) Analizar los impactos de la minería sobre el bienestar social requiere de un enfoque integral, transversal y prospectivo que contemple las restricciones de economía política que enfrenta la política pública.
2) La minería tiene el potencial de convertirse en un motor de crecimiento responsable con equidad pero demanda la creación de reglas de juego adecuadas y consenso social.
3) El accionar privado sólo puede ser el piso de una política minera para el crecimiento con equidad: depende (también) de las instituciones y el marco de políticas públicas en las que se desenvuelve la actividad minera.
4) No hay minería posible sin legitimidad social. Por ello es fundamental asegurar el funcionamiento de las instituciones de control y participación ciudadana a lo largo de todo el ciclo minero, en particular en las zonas de explotación.
5) Un manejo adecuado y transparente de los flujos de renta minera que asegure, por un lado, que los beneficios económicos y sociales de largo plazo de la minería compensen cualquier posible costo de corto plazo y, por otro, que asegure la compensación de los pasivos ambientales que la actividad genera irremediablemente.
6) Invertir los activos generados durante la explotación minera en la generación de condiciones que contribuyan al desarrollo de otras actividades económicas sustentables post-cierre.
7) Las perspectivas de moderación de los precios internacionales de los minerales implican la necesidad de recrear un entorno institucional estable y responsable social y ambientalmente para atraer inversiones de calidad a Argentina.
8) Fortalecer el accionar del Estado a lo largo del ciclo minero (en la regulación y el control de los proyectos).
9) Impulsar un diálogo social pural sobre el rol de la minería en una estrategia de crecimiento responsable con equidad social.
10)El eje de la minería responsable deberá ser una “buena gobernanza pública y privada, basada en la transparencia y en la participación ciudadana”.
