Córdoba, Argentina.- ¿Puede convivir la minería a cielo abierto con otras economías regionales? ¿Alcanzarían la vitivinicultura, la producción de aceitunas, frutas y especias y el turismo, para desarrollar a las provincias donde hay proyectos y darles beneficios a las comunidades, que muchas veces no perciben que los recursos generados por la minería se vuelquen a una mejora en su calidad de vida? Para los especialistas consultados por La Nación, hay casos como los de Chile y Australia que muestran que la coexistencia es posible, pero con un Estado presente en las regulaciones y controles y con un uso transparente de los recursos que deja la actividad minera.

Y dicen que es necesaria una reconversión de esas economías regionales, con incorporación de tecnología y prácticas más profesionales.

Lo cierto es que la megaminería, que ahora encuentra en la Argentina mejores condiciones para la inversión respecto de los años previos, despierta en todo el mundo polémicas por los riesgos ambientales. En nuestro país hay comunidades como la de Famatina, en La Rioja, que rechazan las explotaciones a cielo abierto; hay otras, como la sanjuanina de Jachal, con procesos judiciales abiertos contra las mineras, y otras, como la de Andalgalá (Catamarca), que esperan a ver cómo será el proceso posterior al cierre de un yacimiento. Un denominador común es que todas estas comunidades reclaman alternativas económicas para vivir.

En los últimos días, en La Rioja hubo movimientos de funcionarios provinciales y nacionales, sondeando capitales interesados en la explotación minera. Paulo D’Alessandro, integrante de la asamblea de Famatina, dice que hay más de un problema ambiental en la zona, como el basural de la capital y el derrame de líquidos tóxicos en las lagunas, y que de todo ello fue informado el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, quien prometió abordar la problemática en profundidad.

¿Qué pasa en una economía en la que se instala una explotación minera? El economista del Ieral de la Fundación Mediterránea, Jorge Day, grafica con un ejemplo futbolístico: “Es como si en un picado entra a jugar Messi. La megaminería descoloca todo el sistema, paga salarios que ningún otro sector puede equiparar. Revoluciona todo, a favor y en contra, incluyendo lo ambiental. Por un lado, entra mucha plata y, por el otro, plancha al resto”.

Desde NOAnomics, Félix Piacentini observa que un aspecto a discutir es la forma en que se reparten los recursos que generan las mineras. “La gente se queja porque no ve que su calidad de vida mejore y se preocupa por lo que queda después de que se van. La responsabilidad del Estado es distribuir intertemporalmente lo que recauda en poco tiempo”, agrega. A su entender, un camino son los fideicomisos que instrumenta Chile, administrados por todas las partes y usados para impulsar actividades alternativas.

El impulso a la minería arrancó en los 90 con la ley de inversiones mineras, y aunque el país está en el top ten de las reservas mundiales de cobre, oro, plata, litio, boratos y potasio, la actividad representa cerca de 3% del PBI. Según las empresas, la pérdida de seguridad jurídica frenó las inversiones.

En los últimos tiempos afectaron factores como la restricción a la remisión de utilidades, las retenciones a las exportaciones, las modificaciones en los plazos de liquidación de exportaciones, y el retraso del tipo de cambio. Y a eso se sumó la caída de los precios internacionales de las commodities. La mejora del tipo de cambio y la eliminación de retenciones aplicada por el gobierno de Mauricio Macri puede impulsar la actividad, aunque las empresas admiten que la contaminación provocada por el derrame de solución cianurada en Veladero, por parte de la Barrick, reavivó los cuestionamientos sociales.

Juan Colica es ingeniero agrónomo del Inta Catamarca e integrante de la asamblea de Andalgalá que logró un freno judicial a Agua Rica, explotación de cobre, oro, plata y molibdeno. “Ya vimos los efectos en el ambiente y en la calidad y cantidad de agua de Bajo la Alumbrera y Bajo el Durazno; queremos actividades sustentables”, plantea.

Colica es autor de un trabajo -que la asamblea entregó a las autoridades- que indica que la región cuenta con 300.000 hectáreas aptas para una amplia gama de cultivos, entre los que destacan la vid, el durazno, la sandía, el olivo, el limón, la higuera, los nogales, el maíz, la cebada, la pera, la manzana, el algodón, el trigo y la avena. También es apta para la producción de semillas y aromáticas. “Para estos productores no hay ayuda financiera ni regímenes especiales, ni tarifas preferenciales”, afirma.

Piacentini admite que las mineras, para invertir, requieren facilidades tributarias y estabilidad jurídica, pero cuestiona que el Estado sólo se preocupe de generarle infraestructura para ese sector mientras deja al resto librado a lo que puedan hacer las pymes.

Según Day, Catamarca y La Rioja tienen ventajas para las producciones de vinos y olivícola, segmentos que “se están abandonando por los problemas con el tipo de cambio, porque el dólar no rinde si los costos del transporte son altísimos”.

“Las ventajas tienen que equipararse y también las obligaciones -agrega-. El Estado no puede eximirlas por un lado [a las empresas] y después pedirles que construyan o mantengan escuelas; ese es su deber. No están claros los roles.”

En su último reporte de sostenibilidad, correspondiente a 2014, minera Alumbrera -cuya inversión original fue de US$ 1300 millones-señala que aportó ese año $ 190,4 millones en regalías y $ 2361 millones en cargas fiscales nacionales, provinciales y municipales. Desde el comienzo de la explotación, en 1997, esa cifra es de $ 19.300 millones. Catamarca, en ese período, recibió $ 663,6 millones de pesos.

En el lapso de explotación, los Yacimientos Mineros de Aguas de Dionisio (YMAD) integrados por el gobierno catamarqueño (60%) y la Universidad Nacional de Tucumán (40%), recibieron US$ 1300 millones. Participan con el 20% de las utilidades antes de impuestos. Los socios privados son Glencore (50%), Goldcorp (37,5%) y Yamana (12,5%).

En la zona del yacimiento -que impacta sobre los departamentos catamarqueños de Belén y Andalgalá- quedan pocas fincas en explotación y la provincia, donde también se explota Bajo el Durazno, Farallón Negro y Salar del Hombre Muerto, está entre las más pobres del país.

“Es muy importante antes de emprender la megaminería un buen plan técnico de explotación, para mitigar al máximo los daños ambientales y de la recuperación posible de lo dañado -indica Jorge Colina, economista de la consultora Idesa-. También hay que instrumentar que los beneficiarios sean tres y no dos, como ahora lo son el Estado y la empresa: la comunidad tiene que ganar.”

Un sector siempre controvertido

La Argentina tiene un bajo desarrollo de la actividad

negocios-2213969w640

Seguridad jurídica

Desde las empresas, es uno de los reclamos que se hacen para poder concretar inversiones

Decisiones recientes

La quita de retenciones y la modificación del tipo de cambio mejoraron este año el panorama

Protestas

En las comunidades involucradas la queja principal es por los efectos sobre el medio ambiente

Diversificación

Advierten que las provincias deberían desarrollar otras producciones, pero que no hubo incentivos

La Nación

Comentarios

comments

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here