España.- Las empresas mineras con sede en León cuentan con 17 de las 26 unidades de producción que estaban en activo cuando el actual marco del fin del sector entró en vigor, y que han presentado a Bruselas en su totalidad un plan de cierre, según la decisión comunicada ayer por la Comisión Europea. A estas alturas algunas de las explotaciones más pequeñas ya han abandonado la actividad, la mayoría se encuentran paradas por falta de negocio con las eléctricas, y una parte de ellas en proceso concursal. Incluso algunas de las más importantes, como la Hullera Vasco Leonesa, inmersas en el proceso de liquidación de la sociedad.
Las unidades de producción correspondientes a las empresas leonesas incluidas en el Plan de Cierre del Reino de España, a falta de conocer los detalles de la planificación defitiva enviada por el Gobierno a Bruselas, son las seis de Alto Bierzo (tres de interior: Alto Bierzo, Torre del Bierzo y Viloria; y tres a cielo abierto: Alto Bierzo, Charcón y Rebollal y Pico); las subterráneas de Carbones Arlanza y Carbones San Isidro y María y la de Carbones del Puerto; las dos subterráneas y la de cielo abierto de Coto Minero Cantábrico; la de interior de Hijos de Baldomero García; una subterránea y otra a cielo abierto de la Hullera Vasco Leonesa y otra de interior y un cielo abierto de Unión Minera del Norte. Parte de ellas ya han cambiado de titulares, o directamente no están en activo.
Las otras
Además estarían incluidas en este plan de cierre las dos agrupaciones subterráneas de la pública Hunosa, la de Carbonar, la Compañía Minera de Teruel (es un cielo abierto), el cielo abierto de Encasur en Puertollano, así como el de Endesa Generación en Andorra, la mina subterránea de Carbonífera del Ebro, y la de interior y el cielo abierto de Minera Catalano Aragonesa.
otros gastos
Lo que quedaría fuera de este plan de ayudas aprobado por Bruselas, a falta de que se haga definitivamente público y pueda analizarse en detalle, serían los fondos destinados a las prejubilaciones del sector. Un capítulo que supone un coste en los últimos ejercicios de aproximadamente 300 millones de euros al año, según las fuentes consultadas. No por los nuevos prejubilados (los de este año aún pendientes de la aprobación de sus expedientes, y los que podrán acogerse al plan en 2017 y 2018 a la espera de la aprobación definitiva del plan); sino los que se han ido en los últimos años a través de los acuerdos de los sucesivos planes del carbón, cuyo coste, hasta su edad de jubilación oficial, tiene que ser respaldado por las partidas presupuestarias destinadas a la reestructuración del sector.
El plan definitivo de cierre de la minería, después de que Bruselas devolviera varias programaciones anteriormente, se remitió sin respetar la posibilidad de presentar alegaciones por parte de las administraciones implicadas en el proceso de reestructuración del sector.
Diario de León
