España.- La minería española tiene las horas contadas, o más bien, los años. El 31 de diciembre de 2018, y salvo un vuelco total en las políticas europeas, en España no quedarán ya explotaciones de carbón abiertas, al menos de interior. La Comisión Europea dio ayer el visto bueno al plan de cierre presentado por el Gobierno de España el pasado mes de abril -estando en funciones-, para invertir 2.130 millones de euros en el proceso de clausura del sector carbonero. Además, según explicó la propia institución comunitaria, el Gobierno español se comprometió a “recuperar cualquier ayuda concedida a minas que no hayan sido cerradas en esa fecha”, lo que implica que cualquier empresa que quiera seguir abierta deberá de devolver las subvenciones, algo que salvo en el caso de algunos cielos abiertos, se antoja imposible aunque hayan logrado ser rentables posteriormente. La medida anunciada por la UE ha caído como un jarro de agua fría en FICA-UGT (la antigua FITAG) y en CC OO de Industria, calificando incluso al Ejecutivo de Mariano Rajoy de “traidor”, ya que según apuntaron, presentó este plan de cierre a “espaldas” de las organizaciones sindicales y de la propia patronal minera.
La Comisión Europea explicó ayer que había autorizado la concesión de una ayuda pública de 2.130 millones de euros para contrarrestar el impacto social y económico del cierre de 26 minas de carbón en España. Textualmente, explicaron que “la Comisión ha considerado que los planes españoles de conceder 2.130 millones para el cierre ordenado de 26 minas de carbón no competitivas se ajustan a las normas sobre ayudas estatales de la Unión Europea”. Añadiendo además que este dinero “busca aliviar el impacto social del cierre de esas minas sin falsear indebidamente la competencia en el mercado único”. Dentro de estas 26 minas se enmarcan explotaciones ya cerradas durante este último lustro, que ya se incluían en el plan de cierre elaborado inicialmente en 2010.
Según se desprende del anuncio de la Comisión Europea, España notificó el pasado abril a Bruselas su intención de conceder este respaldo financiero a los operadores de 26 minas de carbón que se van a cerrar hasta 2018, una dotación que pretende facilitar el proceso de clausura “cubriendo las pérdidas de producción de las minas hasta su cierre”. El organismo comunitario había rechazado el primer plan de cierre presentado por el Gobierno, que el pasado abril decidió, sin negociar con sindicatos ni patronal, modificar el texto que ahora sí cuenta con el apoyo de la UE. Además de cubrir las pérdidas productivas -700 millones-, los 2.100 millones incluyen el coste de las prejubilaciones, bajas incentivadas o indemnizaciones de los trabajadores que se quedarán en el paro derivado del cierre de las minas (1.300 millones). También se financiarán la seguridad y las obras de rehabilitación necesarias tras el cierre de los pozos antes de 2019 (130 millones).
Tras conocer el anuncio de la Comisión, los sindicatos no tardaron en mostrar su indignación con el Gobierno, al que tacharon, sin paños calientes, de “traidor”. El responsable de Minería de FICA-UGT, Víctor Fernández, señaló que “es lamentable enterarnos por la prensa de los movimientos del Gobierno del PP respecto al sector”, para agregar que “el pasado abril acudieron con premeditación y alevosía a Bruselas a presentar un plan de cierre de la totalidad de las minas españolas sin contar ni con empresarios ni sindicatos”. “Un plan que contempla un compromiso para que las empresas que no hubiesen cerrado en 2018 tengan que devolver las ayudas recibidas”, algo que para Fernández, “resulta el colmo de los despropósitos de este Gobierno, pues se trata de un plan de cierre en todas sus dimensiones que desconocemos por completo, que supone el fin de la Minería del Carbón en nuestro país y condena a las comarcas mineras a transformarse en verdaderos guetos”.
El responsable de Industrias Extractivas de CC OO, José Luis Villares, señaló por su parte que “esto supone la aprobación de lo reflejado en el plan del Carbón, lo que significa que hasta ahora, las ayudas concedidas a las empresas se han tramitado de forma ilegal”. Además, acusó al Gobierno de traicionar al sector minero, ya que según apuntó “han modificado un plan rechazado por la UE a su gusto y gana, y además, se comprometen a que las empresas que quieran seguir devuelvan las ayudas, cuando el Gobierno y el PP han dicho que su objetivo era precisamente eliminar esa traba”.
