Guatemala.- Expertos internacionales han pedido hoy en Guatemala suspender el otorgamiento de licencias mineras e iniciar un proceso de consulta social para determinar el futuro de esta industria y su regulación.
En el marco del seminario internacional “¿Industrias extractivas y desarrollo sostenible?”, analistas medioambientales de Estados Unidos, Chile, Costa Rica, El Salvador y Guatemala presentaron un informe sobre las implicaciones del cierre de minas en Guatemala.
El documento señala que los proyectos mineros tienen “un ciclo de vida limitado” en el que pasan por diferentes etapas, no solo la explotación de los minerales, sino la rehabilitación y el cierre del programa o los impactos ambientales, sociales y económicos.
En el caso específico de Guatemala, los realizadores de este estudio, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) y la organización danesa de desarrollo IBIS con la financiación de la Unión Europea, concluyeron que la legislación y la institucionalidad vigente “no son consecuentes con las complejidades” que las actividades mineras representan.
“Tanto la legislación minera como la legislación ambiental no establecen normativas adecuadas para el proceso de rehabilitación y cierre de minas, no indican la obligatoriedad de las empresas de elaborar un plan de cierre desde las etapas tempranas de la vida del proyecto, ni el compromiso de estas de asumir los costos de implementación de dicho plan”, abunda el documento.
Ante estas debilidades legales e institucionales, continúa el escrito, el Estado de Guatemala “corre el riesgo de que los titulares de los derechos mineros no asuman sus responsabilidades”, de manera que las medidas de rehabilitación y cierre tengan que ser financiadas con recursos públicos.
Se estima que, de acuerdo a la vida de los proyectos mineros actuales, en los próximos años -entre 2023 y 2038- el costo de reclamación promedio por mina que deberá asumir el Estado puede oscilar entre el 0,02 y el 0,21 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Estas cifras son “superiores” a lo que los aportes tributarios directos (impuestos y regalías) totales han representado entre 2009 y 2015.
El pago realizado por el sector minero, que incluye a todas las empresas mineras, en concepto de impuestos y regalías, ha representado un promedio 0,09 % del PIB de cada año, de acuerdo al análisis.
Los expertos concluyeron que si el cierre de las minas no se realiza de “manera adecuada”, el Estado de Guatemala se podría enfrentar, “en el futuro”, a la aparición de “pasivos ambientales mineros”, es decir, “impactos negativos en el ambiente natural, la salud y la seguridad humana” derivados de elementos tóxicos de minas abandonadas o cerradas de forma inadecuada.
A estas problemáticas, agrega, se suma la falta de consenso sobre si las actividades mineras son parte del proceso de desarrollo de Guatemala, los niveles de conflictividad social, la poca transparencia del sector, así como beneficios fiscales y económicos para el país y las comunidades donde se localizan estos proyectos.
Por toda esta situación, IBIS e Icefi recomendaron al Estado de Guatemala establecer “una suspensión en el otorgamiento de cualquier tipo de licencia minera” e iniciar
“un proceso de consulta, diálogo y consenso nacional” para discutir si las industrias extractivas deben formar parte o no del modelo de desarrollo del país.
En cuanto a las licencias vigentes, el Estado debe realizar, “en el corto plazo”, una evaluación de los costos de cierre de las explotaciones mineras, publicar y dar a conocer los resultados a la población e identificar las medidas para mitigar el riesgo financiero que representa asumir las consecuencias.
En Guatemala, según el Ministerio de Energía y Minas (MEM), existen en la actualidad 51 empresas de exploración y 292 de explotación de metales minerales, no minerales y de construcción.
EFE
