No importa el cristal con que se mire: los problemas para el desarrollo de la actividad minera hoy en Colombia son evidentes. Aunque Gobierno y empresarios los tienen identificados y coinciden en ellos, la diferencia radica al ubicarlos en un escalafón y fijarles magnitud.

Independiente de la clasificación, ambos bandos reconocen que en la coyuntura actual, y de mantenerse las condiciones que están rodeando el entorno de la industria minera, en los próximos cinco años habrá una reducción de las operaciones mineras.

Así lo planteó el informe Brújula Minera, presentado en la clausura del congreso anual de la Asociación Colombiana de Minería (ACM). Los empresarios ubican en el 35 % la expectativa de reducción de operaciones, indicador que hace un año estuvo en 32 % y en 2014 se ubicó en 25 %. Además, la posible expansión de operaciones mineras que hace dos años estaba en el 62 % cayó a 36 %.

Según resultados del estudio, el Gobierno es más pesimista y estima la disminución en la expansión de las operaciones mineras del 51 % (ver infografía).

Pensamiento empresarial

Tras revisar la Brújula Minera, Roberto Junguito, presidente de Cerrejón, explicó que la caída de imagen de empresas mineras frente a comunidades es por cambios en el régimen de regalías.

“Esos recursos se empezaron a distribuir entre todos los municipios y departamentos del país, y a las zonas que tradicionalmente han sido mineras les rebajaron las rentas. Además, hubo una descolgada de precios y los volúmenes de dinero también fueron menores”, explicó el empresario.

Pero, ¿tendrá el Gobierno que revisar el esquema de distribución de regalías y desmontar el famoso esquema de la “mermelada”? Junguito responde que la industria minera está convencida de la necesidad de aumentar lo que actualmente reciben los municipios mineros de los recursos y la proporción de lo que pagan las empresas. “Es fundamental para lograr la licencia social que necesita la minería”.

Junguito destacó que solo el 7 % de lo que las compañías mineras están pagando se les devuelve a los municipios mineros, lo que resulta insuficiente para esas zonas.

Para Juan Camilo Nariño, director de Asuntos Corporativos de AngloGold Ashanti, el estudio señaló la urgente necesidad de adelantar una labor pedagógica sobre la minería. “Hay un enorme desconocimiento de los procedimientos y de la incidencia de esta actividad en lo local”.

Insistió en que la institucionalidad minera debe ser respaldada y disponer de recursos para que ejecute su misión. “Esa institucionalidad costó mucho esfuerzo crearla y sus decisiones deben ser claras para no enviarles malas señales a los inversionistas”.

Imagen desfavorable

La Brújula Minera 2016 también evidencia que con una favorabilidad del 34 %, la imagen de las empresas mineras ha llegado a su punto más bajo en los últimos años.

Sin embargo se presenta una tendencia positiva en la opinión que tienen las autoridades de gobierno frente a la comunicación y cumplimiento de las reglas por parte de las empresas.

Jaime Arteaga, director de Brújula Minera, explicó que ante el retroceso en la confianza de las comunidades frente a la minería es necesario fortalecer los mecanismos de comunicación. “Sin ésta, no se logran construir conversaciones abiertas que permitan generar confianza en los habitantes de los municipios en donde operan las empresas”.

Resaltó que existe una mayor satisfacción entre las autoridades frente a dos áreas vitales para el sector: la comunicación entre empresas mineras y el Gobierno, y el cumplimiento de las normas por parte de las compañías.

“Este tipo de hallazgos muestra que, así como la falta de acción deteriora la reputación de las empresas mineras ante las comunidades, cuando se trabaja de manera comprometida, se puede lograr el reconocimiento ante grupos de interés tan importantes como las autoridades”, puntualizó. Ferney Arias Jiménez

EnergyPress

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