Las cupríferas en Chile, que han crecido en base a trabajadores subcontratados de bajo costo, están internalizando operarios o alistándose para elevar sus gastos antes de la esperada aprobación de un proyecto de reforma laboral, destinado a fortalecer los sindicatos.
La ley, que sería enviada al Congreso en marzo, es el último revés para las mineras en el principal actor mundial en la industria del cobre, que ya sufre por una baja productividad y precios que se ubican cerca de mínimos seis años y medio.
La reforma está pensada para impulsar de manera importante la posición negociadora de los sindicatos que representan a los contratistas externos, ya que éstos tendrán mayor facilidad para realizar huelgas, que además serán más difíciles de romper, aseguran analistas y abogados.
Si bien críticos dicen que los empleadores usan la externalización para socavar derechos de negociación y ofrecer salarios inferiores, las mineras aseguran que la práctica es vital para elevar su eficiencia y permitir la flexibilidad necesaria ante la volatilidad en el precio del cobre.
En cualquier caso, las compañías están haciendo ajustes.
Algunas internalizan operarios a puestos mejor remunerados, mientras que otras se preparan para pagar más por los mismos servicios tercerizados que han usado durante décadas.
Las mineras “están realizando muchos estudios, observando el número de trabajadores que pueden ser incorporados, a qué minas, en qué procesos”, dijo Felipe Sáez, asesor de la asociación industrial Sofofa, que representa a la minería y otros sectores.
La tercerización ha crecido con fuerza en Chile durante las últimas dos décadas.
Un 74% de los trabajadores de la gran minería de cobre en Chile, que representan más del 90% de la producción del país, eran contratistas en 2014, según cifras del gobierno. Eso se compara con el 69% en 2013 y el 66% en 2006.
Sin embargo, en 2015, tras años de alzas, el número de contratistas mineros se redujo en un 12,5%, superando ampliamente la caída total de empleos entre los trabajadores de las minas.
Lo anterior se debió en parte a que las empresas se cansaron de la creciente agitación laboral entre los subcontratados, según analistas. En una protesta el año pasado, contratistas de la estatal Codelco bloquearon los accesos y obligaron al cierre de una mina durante tres semanas.
Nuevas estrategias, mayores costos
Pero la reforma propuesta, que permitiría a sindicatos de diferentes contratistas unir fuerzas y reduciría las barreras a la creación de gremios en pequeñas empresas, entre otras medidas, se suma a la tendencia y haría que las empresas sean menos propensas a volver a contratar cuando los precios de sus minerales reboten.
“Bajo la reforma laboral sería mejor que (las mineras) internalicen a los contratistas con labores sensibles y que esos trabajadores opten por los beneficios de la empresa, para que puedan controlar mejor la situación negociadora”, dijo Fernando Villalobos, abogado laboral chileno y ex asesor del Ministerio del Trabajo.
Sin embargo, asumir nuevos trabajadores es costoso. Datos del Gobierno muestran que el costo promedio por contratista de una minera de cobre fue sólo un 43% del de empleados directos en 2014.
Los que no internalizan buscan nuevas formas de tercerización a fin de prepararse contra huelgas que podrían aumentar significativamente, dicen fuentes de la industria.
“Vamos a tener que asumir nuevos métodos que, básicamente, aumentan el costo de tener el mismo servicio, dividir un contrato en dos contratos con diferentes empresas, de manera que una pueda sustituir a la otra en caso de huelga”, dijo a Reuters en enero Diego Hernández, jefe de Antofagasta Plc.
Los mineros dicen también que están preocupados por otros aspectos del proyecto aparte de la subcontratación.
Hernández, por ejemplo, aseguró que le preocupaba que las restricciones sobre el reemplazo de trabajadores en huelga fueran tan estrictas, ya que podrían poner en riesgo la infraestructura física de los yacimientos.
Reuters
